La coalición de gremios Aliadas salió a respaldar el principio del ajuste fiscal, pero puso condiciones concretas al articulado de la Ley de Rescate Económico. 

En una declaración pública, la alianza de 28 gremios afirmó que "una ley de ajuste es necesaria" y que "la inacción no es una opción", al tiempo que advirtió que el proyecto, en su redacción actual, desincentiva la formalización.

"Aliadas somos conscientes de la situación que atraviesa la economía del país y reconocemos que una ley de ajuste es necesaria. La inacción no es una opción. Valoramos el esfuerzo del Gobierno y entendemos la premura con la que el país debe tomar decisiones", señala el texto, que se apoya en los principios de libre empresa, trabajo digno y desarrollo incluyente.

El apoyo no es incondicional. La alianza comparte dos objeciones y anuncia que buscará modificaciones en el Congreso.

El costo de contratar formalmente

La primera objeción es la formalidad, que Aliadas identifica como una de sus banderas. El proyecto no favorece la formalización al aumentar los aportes, mientras que los alivios en renta no llegan a las microempresas ni a los independientes.

El gremio sustenta el punto con un estudio conjunto con la Universidad del Rosario. De acuerdo con esos cálculos, a una microempresa contratar formalmente le cuesta hasta 45 % más, mientras que a una empresa que declara renta le resulta un 5,7 % más barato.

El documento añade un dato sobre la carga distributiva: un independiente que gana cerca de un salario mínimo ya destina el 33 % de su ingreso a aportes, frente al 11 % de quien gana 2,5 salarios mínimos o más. En la práctica, el esquema castiga más, en proporción, a quien menos gana.

La otra objeción: el gasto

La segunda reflexión es sobre el lado del gasto. Según la lectura de Aliadas, que dice coincidir con la de "diversos expertos", la reducción del gasto explicaría apenas cerca del 25 % del ajuste, por debajo de lo anunciado por el Gobierno.

"Creemos que hay espacio para avanzar más en esa dirección", sostiene la declaración, que no menciona cifras adicionales ni sectores específicos de recorte.

Una propuesta técnica, no una consigna

Aliadas pidió incorporar al debate legislativo las soluciones contenidas en su estudio sobre informalidad y trabajarlas "técnicamente con el Gobierno y el Congreso".

"Reducir la informalidad no es una agenda sectorial: es una condición para crecer, ampliar el recaudo de manera sostenible y generar bienestar", argumenta.

La organización gremial concluye que "El rescate económico será más sólido si, además de ordenar las cuentas públicas, facilita que más trabajadores y empresas puedan entrar, permanecer y crecer en la formalidad".

Este pronunciamiento le da oxígeno al Ejecutivo en un punto sensible: un bloque de gremios que durante los últimos dos años fue crítico del intervencionismo estatal ahora valida la necesidad del ajuste. 

Ese respaldo puede pesar en las comisiones económicas y desactivar el argumento de que la ley no tiene base empresarial.