Los gremios del sector energético colombiano que hacen parte del Comité Intergremial conformado por Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Naturgas, Ser Colombia y ACP, rechazaron los señalamientos del Gobierno Nacional en contra de las empresas del sector, e hicieron un llamado a atender la crisis actual con rigor técnico y atendiendo estructuralmente las necesidades de todos los usuarios del país. 

En un comunicado, los gremios del sector energético dijeron que es fundamental que el debate se base en hechos verificables y no en afirmaciones que pueden desviar la atención de los retos que enfrenta el sistema.

Para los empresarios, la estabilidad del sector eléctrico colombiano se sustenta en un modelo institucional técnico y robusto con total apego a la Constitución, que ha garantizado, por más de 30 años, que millones de colombianos puedan acceder a servicios públicos que, como es el caso de la energía eléctrica, cuyo suministro ha sido permanente y con mejor calidad en las últimas décadas. 

“Hoy, nuevamente lamentamos que con afirmaciones imprecisas se genere desconfianza y busque afectar a las empresas del sector y a los más de 15 millones de hogares colombianos, comercios e industrias que dependen de este servicio esencial” precisó el documento.

Los gremios aclaran

Las tarifas son legales, constitucionales y se basan en la regulación vigente. La llamada “nueva fórmula tarifaria”, que realmente es una modificación al mecanismo de confiabilidad, no fue adoptada por ninguna empresa de manera voluntaria porque es una propuesta antitécnica que perjudica la disponibilidad de energía, la sostenibilidad económica de los proyectos y las tarifas para los usuarios, poniendo en riesgo la confiabilidad del sistema en momentos críticos. 

Intervenir los mercados para cambiar las tarifas actuales por decreto pone en riesgo la seguridad jurídica del sector, genera riesgos económicos desproporcionados y podría disminuir significativamente la oferta de proyectos de generación renovable en la próxima subasta de expansión, en momentos en los que el país los requiere con urgencia.

Es importante tener en cuenta que el análisis y establecimiento de nuevas fórmulas tarifarias debe ser integral y estructural, ya que continuar intentando realizar ajustes puntuales como el establecido y como otros propuestos suponen el riesgo de no lograr los objetivos deseados y contrario a lo deseado, perjudicar no solo a usuarios, sino a empresas y al país. Es clave fortalecer los canales de comunicación para que las medidas sean analizadas legal y técnicamente.Los precios en bolsa de energía reflejan la estrechez entre oferta y demanda, y no representan ganancias injustificadas. 

Se basan en la dinámica entre oferta y demanda, que opera en todos los mercados del mundo en los que prima la libre competencia, y permite alertas situaciones críticas del sistema. En épocas de alta disponibilidad hídrica, los precios tienden a bajar; en épocas críticas, suben. Este valor impacta en menos del 7% en la tarifa que pagan los usuarios finales, ya que en promedio solo el 20% de la demanda se compra por este mecanismo.

La estrechez entre la oferta de energía firme y la creciente demanda genera presión en las tarifas, lo cual debe solucionarse con el ingreso de mayor oferta y la eliminación de las barreras que están impidiendo que proyectos de generación y transmisión entren oportunamente. 

Insistir en propuestas como las de restringir la venta de energía en bolsa de las generadoras renovables a máximo el 5 % rompe las señales de eficiencia, compromete la confiabilidad del suministro, irrumpe el principio constitucional de libre empresa y podría encarecer las tarifas para todos.

Reiteraron que, para incentivar un mayor nivel de contratación, es fundamental saldar las deudas pendientes con las empresas comercializadoras y garantizar el pago de los valores asociados a la opción tarifaria. Estos pagos permitirán a las comercializadoras contar con los recursos necesarios para firmar contratos de largo plazo, los cuales a su vez viabilizan la financiación de nuevos proyectos, principalmente renovables. Todo esto se traduce en beneficios directos para los usuarios, al garantizar tarifas más eficientes y estables.

El respeto por la institucionalidad del sector es fundamental para asegurar las inversiones necesarias que permitan mejorar y expandir el servicio. Los comisionados de la CREG son servidores públicos nombrados por el Gobierno Nacional con funciones de carácter técnico, cuya independencia es clave para preservar la gobernanza del sistema energético, por tanto, desconocer este principio genera incertidumbre, debilita la confianza y pone en riesgo inversiones y el desarrollo de proyectos. 

Colombia necesita, saeñalan los gremios, en el mejor de los casos, 1000 MW de energía firme adicionales en los próximos tres años para atender la demanda y mantener el equilibrio del sistema. Las empresas del sector - públicas, privadas y mixtas- son fundamentales para el abastecimiento de electricidad en el país, convertirlas en instrumento de controversia política perjudicará a los usuarios como ya ocurrió en el pasado.

“Las empresas están garantizando el servicio. Las generadoras, transmisoras, distribuidoras y comercializadoras de energía han garantizado el abastecimiento de la energía para todo el país a pesar de enfrentar señales adversas y presiones financieras crecientes. Su compromiso ha sido mantener la confiabilidad del sistema y asegurar el acceso de los colombianos a este servicio”, indica el comunicado.