En el marco de los encuentros ‘Macrorregionales’ que se llevan a cabo en Ibagué, la directora general de la Unidad para las Víctimas, Lilia Solano, reconoció el rezago histórico en la indemnización de los afectados por el conflicto armado en Colombia y alertó sobre la falta de recursos para atender la deuda social con más de 10 millones de personas en el país.

"Mi mayor preocupación desde que llegué a la unidad para las víctimas es ese rezago histórico que a las víctimas no se les indemnizó al ritmo que debieron haberlo hecho otros gobiernos", afirmó Solano.

La directora destacó que, aunque el presupuesto anual se incrementó a 4 billones de pesos, el monto sigue siendo insuficiente.

Según sus cálculos, se requieren alrededor de 363 billones de pesos para garantizar la reparación de todas las víctimas y de los 1.050 sujetos de reparación colectiva en el país, muchas de ellas ubicadas en el Tolima.

Ante este panorama, la Unidad para las Víctimas ha buscado estrategias para ampliar los fondos, incluyendo gestiones internacionales.

Solano explicó que han solicitado al Gobierno de Estados Unidos, en especial al Departamento de Justicia, que los recursos entregados por paramilitares y narcotraficantes como parte de acuerdos de reducción de penas en ese país, sean devueltos a Colombia para destinarlos a la reparación de las víctimas.

Sin embargo, el panorama se ha complicado aún más tras la decisión del Congreso de la República de hundir la Ley de Financiamiento.

Pese a las dificultades, la funcionaria anunció que este lunes 160 familias en Tolima recibirán su indemnización, como parte del compromiso del Gobierno de avanzar en el proceso de reparación.

Solano reafirmó que, aunque el camino es complejo, su labor seguirá enfocada en gestionar más recursos y garantizar que el Estado cumpla con su deber de reparar a las víctimas.