La presidenta de Alianza Aliadas, María Claudia Lacouture, mostró su preocupación sobre la forma como se ha desarrollado la investigación que los funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio, adelantan en las oficinas de Naturgas.

Para la dirigente gremial,  este es un antecedente muy grave, pues sienta un precedente preocupante sobre la independencia de las autoridades administrativas respeto por el Estado de derecho. 

“En Aliadas, estamos convencidos de que estas entidades deben actuar con total independencia, siempre dentro del marco de la ley y sin verse influenciadas por intereses políticos. La confianza en nuestras instituciones es la base que sostiene a Colombia y nos permite avanzar hacia un futuro más estable y próspera", señaló Lacouture.

Añadió que el futuro de Colombia depende de que "nuestras instituciones sean fuertes, transparentes y justas. El ejercicio del poder debe respetar la autonomía de quienes velan por el bienestar de todos. Es fundamental que trabajemos por una seguridad jurídica sólida, que fomente la inversión, el empleo y el progreso de los colombianos”.

Dijo la dirigente gremial que hoy más que nunca, se necesita crear espacios de diálogo y colaboración, dejando atrás la incertidumbre y las luchas innecesarias. 

En Aliadas creemos firmemente que "El propósito que nos une Colombia" y reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la independencia institucional y con la construcción de un entorno en el que tanto el sector privado como el público puedan trabajar unidos, con respeto y transparencia".

La investigación al mercado del gas en Colombia se dio luego de que Vanti anunciara un aumento del 36 % en valor del valor del servicio ante la escasez del carburante y luego los anuncios por parte de los distribuidores de gas líquido del petróleo, GLP, de casi el 50 %.

Para Alianza Aliadas, el reciente pronunciamiento del presidente de la República, en el que a través de un mensaje en la red social X del 15 de febrero de 2025 afirmó haber dado órdenes directas a la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, para sancionar una supuesta especulación con los precios del gas "Hay especulación en los precios del gas y la orden que he dado sancionar la especulación. La SIC tiene la delegación de mis facultades constitucionales y competencias y debe llevar esta investigación a fondo”.

Para la organización gremial, esta situación genera una gran preocupación por razones:

Debido procesal: Toda actuación de las autoridades debe regirse por las garantías legales establecidas. asegurando que las decisiones se tomen con base en pruebas y procedimientos adecuados.

Presunción de inocencia: Ningún ciudadano o empresa puede ser considerado culpable sin una investigación y un fallo en firme.

Prejuzgamiento: La intervención del presidente en estos asuntos puede comprometer la imparcialidad de las entidades encargadas de administrar justicia.