El Centro Regional de Estudios de Energía CREE y el Centro de Estudios Económicos ANIF presentaron su visión sobre la política energética del gobierno de Gustavo Petro a dos años de su inicio. 

Además, lanzaron propuestas para los dos años venideros, con el objetivo de hacer una transición responsable y coherente con la realidad del país, que garantice seguridad en el suministro sin que haya un gran impacto fiscal.

“El gas no se ha acabado, lo que se está acabando es el gas barato”, declaró Tomás González, director del CREE, quien añadió que “actualmente el país tiene cuatro opciones, hacerlo offshore, importar LNG (gas natural licuado), traerlo de Venezuela o hacerlo con reservas contingentes no convencionales”.

De igual manera, el Centro Regional de Estudios de Energía explicó cinco acciones que se pueden tomar para mejorar la forma en la que se está llevando la transición energética: desarrollo de Programas de Interés Nacional Estratégico (PINES) enfocados en energía; crear una reforma fiscal energética, enfocada en la sustitución de ingresos, eliminación de subsidios fósiles, focalización y una revisión de los precios del carbón; fortalecer la CREG para hacerla independiente y técnica, enfocada en atraer inversión y promover la competencia; convocar a un diálogo sectorial que haga una evaluación realista; y actualizar el plan de adaptación sectorial para identificar y evaluar medidas.

Frente a la situación relacionada a la posibilidad de traer gas de Venezuela, el CREE afirmó que es una opción con dificultades e incertidumbres a raíz de las sanciones internacionales, que podrían mantenerse o endurecerse tras la situación generada tras las elecciones del domingo pasado, a lo que se suma la necesidad de reparar la infraestructura y garantizar que el gas está en condiciones técnicas para ser traído al país.

Por su parte, José Ignacio López, presidente de ANIF, se refirió a las implicaciones macroeconómicas que tiene la transición energética en Colombia. Según el directivo, “estamos lejos de alcanzar las metas deseadas en transición energética, y estamos hablando de un sector (el de hidrocarburos) que representa el 18% del recaudo total por impuesto a la renta a personas jurídicas, y cuyas regalías representan el 1% del PIB anual”.

De igual manera, López presentó un análisis sobre lo que se necesitaría en términos reales para reemplazar los ingresos fiscales del sector hidrocarburos en caso de que se desee cortar de golpe su producción. En su análisis comparativo, reemplazar esos recursos implicaría aumentar el IVA del 19% al 25%, o que el turismo se quintuplique y lleguen al país 27,4 millones de turistas, con un gasto de US$1.472 dólares por cada visitante, según el líder del centro de pensamiento.

Como conclusión, ANIF destacó que la transición energética es un reto y una gran oportunidad para Colombia, pero que esta no puede hacerse poniendo en riesgo la sostenibilidad fiscal del país, por lo que debe hacerse de manera gradual sin desconocer los impactos macroeconómicos que puede traer consigo.