A mediados del mes de octubre se conoció que el secretario de Planeación, Camilo Clavijo, inició el trámite de revocatoria directa de la circular 003, cambiando extrañamente el concepto emitido el 8 de julio donde se definió el conflicto de uso del suelo contradictorio en las zonas agropecuarias de aptitud baja donde nunca se ha permitido este tipo de urbanizaciones, ni en el POT del 2000, ni en el actual, ni en el Pomca del río Coello, en un aparente intereses de beneficiar a algunos constructores de la ciudad que pretendían urbanizar esta zona. 

Por lo cual la Personería de Ibagué y la Corporación Autónoma Regional del Tolima presentaron la solicitud como terceros interesados en la discusión sobre dicha circular que definirá el futuro de la construcción de vivienda campestre en los cerros de Ibagué, la cual afectada a principios de noviembre ampliando el procesos un mes más para emitir una determinación definitiva. 

El abogado ambientalista, Camilo Páramo, explicó en su momento que este afán desmedido por levantar la circular se debía a un aparente favorecimiento a los constructores implicados en dicho tema, dado que si ellos lograban iniciar la construcción en el momento que Cortolima como máxima autoridad ambiental determinara que dichas construcciones eran ilegales y ordenaran demolerlas como pasó en La Palmilla, dichos constructores tendrían derechos adquiridos y podrían presentar millonarias demandas en contra del municipio por daños ocasionados. 

Econoticias conoció que este abogado quien es el demandante del POT de Ibagué por parte de Cortolima, instauró una nueva demanda contra el POT en el tema de la vivienda campestre específicamente en el artículo 411 ante lo cual Camilo Páramo explicó que “revisando el Plan de Ordenamiento Territorial me di cuenta que de manera hábil y con una finalidad bastante clara, se incluyó la posibilidad de construir vivienda campestre en suelo rural como uso compatible, lo cual está en contra del Pomca y del decreto 3600 del 2007 que establece que esta no es la función de los suelos rurales porque esto llevaría directamente a un loteo. La intención por supuesto es urbanizar los Cerros Tutelares lo cual traería un impacto ambiental muy negativo, estarían cambiando la posibilidad de construir apartamentos a altísimos costos a costa de nuestro medio ambiente”. 

El abogado expresó que pese al conocido interés ambiental del nuevo alcalde de Ibagué, Guillermo Jaramillo, procedió con la demanda dado que los instrumentos jurídicos están en marcha y antepuso como ejemplo el caso de la circular 003. Camilo Páramo fue enfático al asegurar que de levantarse esta circular el dinero de estas demandas saldría del erario público lo cual sería un duro golpe para el presupuesto de la ciudad y añadió que “los curadores se van a respaldar diciendo que cumplieron con lo que dictaminó la ley pero los funcionarios de implicados saben lo que están haciendo y así pesen contra ellos actos disciplinarios ya el daño estará hecho al municipio.