Extrañamente la Secretaría de Planeación cambió de actitud para favorecer a constructores en lo que tiene que ver con la edificación de vivienda campestre y o permanente en Ibagué donde se convocaría a los dos curadores de la ciudad a mostrar sus argumentos para revocar la suspensión de licencias de parcelación en las laderas de los cerros. 

La circular 0003 que está vigente desde el 8 de julio fue emanada por esta cartera para solucionar en parte el conflicto de uso del suelo contradictorio en las zonas agropecuarias de aptitud baja donde nunca se ha permitido este tipo de urbanizaciones, ni en el POT del 2000, ni en el actual, ni en el Pomca del rio Coello. Ver ("Ni con el Pomca Coello, ni con el POT de 2000, ni con el actual decreto se podía establecer esa clase de parcelaciones porque esas áreas son de uso agropecuario, según el Pomca está prohibido": Jorge Enrique Cardoso).

Asimismo en esta circular se argumentó que hay que caracterizar e identificar de manera precisa los polígonos en donde se podrían desarrollar eventualmente estos proyectos por lo cual no tiene sentido cambiar esa línea jurídica por otra que cataliza los intereses particulares del puñado de constructores que quieren parcelar las laderas de los cerros de Ibagué.

En ese sentido en primera instancia el secretario Camilo Clavijo había proyectado la resolución 1010 hace una semana donde no se revocaba la circular 0003 del 8 de julio por medio de la cual se aclaró la contradicción encontrada en el Plan de Ordenamiento Territorial decretado por el alcalde Luis H. Rodríguez el pasado 23 de diciembre de 2014.

Además de pasar por encima del Concejo en la aprobación del POT la administración local, se evidenció por parte de Econoticias y la Corporación Autónoma Regional del Tolima Cortolima que 'lapiceros traviesos' en Planeación violaron la concertación Ambiental situación que llevó a generar contradicciones y por ende aclaraciones de parte de la Alcaldía. Pero lo ilógico ahora es el cambio de posición de Clavijo quien está a cargo de esta dependencia desde el pasado mes de abril, ahora el cuestionado funcionario cambia de actitud para favorecer a privados, coyuntura que queda evidenciada en la nueva resolución 1010 donde se abriría trámite administrativo para revocar la circular 0003.

La pareja del maletín vuelve con su poder económico en Planeación Municipal llevando al parecer a los funcionarios de dicha dependencia a favorecer a sus consentidos a través de pronunciamientos oficiales que contradicen no solo el ordenamiento jurídico sino que también pasan por encima de lo acordado con la autoridad ambiental. La mafia del urbanismo en Ibagué se enquistó en la ciudad desde la creación de la ley 388 que permitió la creación de la Curadurías en Colombia, a tal punto que desde hace más de tres lustros un arquitecto y la dueña de un apartahotel monopilizan las relaciones entre Curadurías, Alcaldía y constructoras. 

Vale la pena resaltar que el artículo 395 del Plan de Ordenamiento Territorial vigente definió la vivienda campestre como una unidad residencial de carácter permanente que no puede ser considerada de apoyo a la producción agropecuaria con lo cual imponer este uso en zonas de naturaleza agrícola significaría cambiar la vocación principal de estos predios lo cual es ilegal a la luz del ordenamiento territorial y las leyes agropecuarias y ambientales nacionales.

En este oscuro episodio aparece el Curador Urbano número dos, Greisman Cifuentes, quien solicitó el 13 de agosto la revocatoria directa de la circular 0003. Greisman Cifuentes fue el mismo que autorizó la licencia de construcción del centro de resocialización para menores en el sector de la Palmilla que hoy se convirtió en un claro detrimento patrimonial cercano a los 2.500 millones de pesos, otorgó un permiso al proyecto de Las Juanas en las laderas del Volcán Guacharacos no señalado en el POT desde el año 2000 y  es ademas desde esta misma Curaduría donde  se permitió la ampliación de las celdas de la cárcel de picaleña sin tener un permiso para el uso del agua, se autorizó la construcción de ocho casa invadiendo especio público en la Urbanizacipon San Sebastian que el Consejo de Estado ordenó demoler y la Alcaldía de Ruben Dario Rodríguez misteriosamente revocó casa que tiene en casa por carcel al arquitecto Charlaca funcionario de la Secretaría de Pleneación en la epoca de Carmen Ines Cruz.