Cada vez que se debate un proyecto de presupuesto nacional, los ministerios y las entidades territoriales, inician los tira y aflojes con el objetivo de asignar más o menos partidas a diferentes rubros, dependiendo en muchas oportunidades más de los intereses del gobierno y la capacidad de las bancadas de poder para exigir y pedir, que de las reales necesidades que tienen el país y la población en general.

El caso puntual del Presupuesto Nacional parte de un hecho favorable como es el incremento en la inversión social en más del 6.3% de 2022 al 2023, pero que lamentablemente debe priorizar. La deuda pública que ya alcanza el 56.5% del PIB, que en lo estimado para la vigencia 2023 es cercana a  $78 billones,  se va en buena medida para el pago del servicio de deuda. Significa que por cada $100 que un colombiano pague en impuestos, más los ingresos producto de las exportaciones del país, cerca de $16 pesos se destinarán para pagarle a la Banca Internacional los créditos contraídos por la Nación, situación que tiene una perspectiva de empeoramiento, dado a que estas obligaciones están contraídas en dólares cuya tasa de cambio ya rompió records históricos situándose en $4.590 en esta última semana.

Seguramente, la decisión tomada por parte de la Junta Directiva del Banco de República para contener la inflación la cual radica en aumentar la tasa de interés a techos que no veíamos hace más de diez años, genera incertidumbre, lo cual se ha traducido en este aumento exponencial de la divisa. 

A este panorama poco alentador de las finanzas nacionales, le sumamos la inequitativa distribución del PGN por Regiones, proceso de asignación que responde a fórmulas relacionadas con población, pobreza, NBI y otros factores, pero que también obedece a voluntades políticas y capacidad de gestión de las bancadas.  Para la muestra un botón: Antioquia, departamento con una amplia vocación industrial y polo de desarrollo, tiene asignada una partida de 6.1 billones. Reciben mientras tanto departamentos como Vichada (291.000 millones), Vaupés (183.000 millones), Putumayo ( 617.000 millones), Guainía (169.000 millones), Casanare ( 675.000 millones), Caquetá ( 617.000 millones)  y Chocó (946.000 millones). Estos, ni siquiera sumando sus presupuestos alcanzarían al de Antioquia o Bogotá. 

Lo anterior exhibe la realidad de la distribución de los recursos que coincide claramente con el hecho de que los territorios menos favorecidos presentan deficiente infraestructura, pobreza, cultivos ilícitos, minería ilegal, reclutamiento forzado y otros problemas sociales.

Aunque el presupuesto definitivo de la Nación para inversión aumentó en $11,3 billones respecto del primer proyecto, al departamento del Tolima no le fue bien. Un territorio con inmensas necesidades sociales y de infraestructura, especialmente en vías terciarias, no se escapa a esta problemática. La asignación para el 2023 es de un 1.33 billones, casi la quinta parte que Antioquia, pero peor aún, fue el departamento, al que menos incremento le hicieron en la asignación presupuestal del 2022 al 2023 con tan solo un 9.5% de aumento, cuando a Departamentos como Risaralda, Cauca, Santander o Bolívar les incrementaron en más de un 20% sus partidas presupuestales. 

Lastimosamente en el Tolima estamos enfocados más en resolver los problemas heredados del pasado (vías terciarias, vías secundarias, pobreza, saneamiento básico, estancamiento económico), que en apuntar a proyectos de impacto. Mientras, otros departamentos están pensando en el futuro apostando a grandes proyectos como los Trenes de cercanías en Cundinamarca, Valle del Cauca y Eje Cafetero (En este podría entrar Tolima con FERROPISTA como complemento), puertos marítimos del Urabá en Antioquia, Plataforma Logística PLEC en Risaralda, Plataforma Logística de la Dorada y Corredor de Occidente Kilómetro 41 en Caldas, Arena del Río en Barranquilla o los equivalentes en otros departamentos del país.

En conclusión, mientras no se tengan proyectos de impacto formulados, llevados a fase tres (3), difícilmente se podrán incrementar las asignaciones presupuestales para el departamento. Solo se gestiona plata con lo que está debidamente formulado.  

Esto no depende solamente de los gobernantes, llámense gobernador, alcalde o clase parlamentaria. La responsabilidad y el compromiso son de los tolimenses, gremios u organizaciones de la sociedad civil. No se puede depender solamente del presupuesto nacional o de los presupuestos de las entidades territoriales, los ingresos corrientes de libre destinación ICLD que se recaudan a partir de impuestos departamentales (tabaco, licores, vehículos), por cierto, regresivos, o lo impuestos municipales (predial, industria y comercio, sobretasa a la gasolina), o las cada vez más recortadas regalías, que no pueden seguir siendo las fuentes de financiación para el desarrollo.

Las alianzas público – privadas y la atracción de inversión a través de proyectos estratégicos como los anteriormente mencionados que se adelantan en otros departamentos, son un claro ejemplo de lo que debe hacer el Tolima. Se debe consolidar y fortalecer la atracción de Inversión (INVEST IN TOLIMA) para buscar otros horizontes de desarrollo y pensar en resolver los problemas del futuro mientras seguimos resolviendo los del pasado.

El Tolima necesita unidad para el progreso. Si cada fuerza va por su lado persiguiendo sus propios colores o ideales, seguiremos siendo la cenicienta en el presupuesto nacional.