Pasar al contenido principal
Econoticias y Eventos
Opinión
COMPARTIR
Se ha copiado el vínculo

No solo son derechos, también son deberes

En todo este tiempo de paro, a muchos se les ha olvidado que no solo es exigir derechos, sino que como ciudadanos tenemos deberes que también están contenidos en la constitución. Por: José Adrián Monroy.
Imagen
Crédito
Suministrada
10 Jun 2021 - 7:59 COT por Ecos del Combeima

Muchos de los motivos que fundaron el paro que hemos vivido durante más de un mes, es la legítima reclamación por el cumplimiento de los derechos que les son inherentes a todo colombiano y que están consagrados en la Constitución Política de 1991; una de las constituciones más garantistas de Latinoamérica.

Sin duda, el país después de su promulgación fue más pluralista, inclusivo y participativo; y abrió el camino, al menos en el papel, a que fuéramos una sociedad más justa, equitativa e igualitaria. Es evidente que aquí no se cumplen muchos de los propósitos plasmados en nuestra carta política. De hecho, una de las razones por las que el pueblo se manifiesta es esa, que no se respetan derechos fundamentales y esenciales como el de la vida, la salud o la educación, al trabajo, la vivienda, etc.  

Sin embargo, en todo este tiempo de paro, a muchos se les ha olvidado que no solo es exigir derechos, sino que como ciudadanos tenemos deberes que también están contenidos en la constitución.  Puntualmente, el capítulo 5 señala que la calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades y establece 9 deberes que gran parte de la población desconoce:

1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios; 2. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas; 3. Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacional. 4. Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica; 5. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país; 6. Propender al logro y mantenimiento de la paz; 7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia; 8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano; 9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad.

Si analizamos con detenimiento este simple artículo, se están incumpliendo buena parte de los deberes, obligaciones y responsabilidades que tenemos los colombianos como aporte a nuestra vida en comunidad. Por lo tanto, mientras no exista un balance entre lo mucho que pedimos y entre lo poco que damos, va a ser muy difícil avanzar hacia una mejor sociedad. 

De nada servirá el cambio de gobierno si no existe un cambio real en la gente.

También te puede interesar estas columnas

Le pido a Dios, que me acompañe en esta tarea y que pueda hacer todo de sí, en beneficio de mi país. Y como dicen en la linda tierra que me acogió cuatro años, “arrieros somos y en el camino nos vemos”.

Paradójicamente, Hurtado quiso hacer con Johana Aranda lo que supuestamente hizo Óscar Barreto con él, y que dio como resultado su emancipación, que hoy lo tiene convencido de poder ser gobernador del departamento. Es decir, se repitió la historia.

El sector agropecuario colombiano enfrenta este año un entorno complejo, marcado por una combinación de oportunidades y presiones que no se pueden ignorar si pensamos en el futuro productivo de regiones como el Tolima.

¿Ibagué está dispuesta a recuperar el control institucional o si seguirá permitiendo que la fragmentación y la improvisación definan su destino?

El reciente ascenso del Tolima en los índices de competitividad no es un accidente estadístico, refleja toda una articulación institucional, un liderazgo sectorial y un sector privado dinámico que comienza a recoger frutos.

Por eso, elegir bien no es un asunto menor. Es decidir quién tendrá la responsabilidad de defender al Tolima con argumentos, con liderazgo y con visión de desarrollo, en el escenario donde se toman las decisiones más importantes del país.

Las medidas cautelares adoptadas por el Consejo de Estado, en el estudio de la demanda contra el decreto mediante el cual se fijó el salario mínimo para el año 2026, solo confirman una cosa: la ligereza que ha caracterizado a este gobierno cuando de sustentar legalmente sus actuaciones se trata.

Hoy la situación no solo no mejora, sino que se agrava, y la comercialización del arroz se vuelve cada vez más pesada y más injusta para el agricultor tolimense.

¿Cómo es posible que, a pesar de contar con presupuestos, políticas y documentos que advierten sobre la importancia de tomar medidas, aún no tengamos campañas bien estructuradas para reducir el consumo de agua?

Hemos sido engañados, por altos estamentos nacionales quienes desconocen y pretenden minimizar las grandes falencias de este “antisistema de salud” fundamentado sobre la intermediación financiera.