Pasar al contenido principal
Econoticias y Eventos
Opinión
COMPARTIR
Se ha copiado el vínculo

¿Se tiene que Reformar el Congreso?

Una de las instituciones del Estado con mayor desprestigio, poca credibilidad y desconfianza entre los colombianos es el Congreso de las República. Por: José Adrián Monroy.
Imagen
Crédito
Suministrada
20 Mayo 2021 - 7:57 COT por Ecos del Combeima

Una de las instituciones del Estado con mayor desprestigio, poca credibilidad y desconfianza entre los colombianos es el Congreso de las República. De hecho, en la última encuesta de Cultura Política realizada en el año 2020, tan solo el 16% de los ciudadanos confía en el congreso y en los partidos políticos.

El Congreso, está conformado por 280 congresistas en total; en el Senado de la República cuenta con 108 representantes de los cuales 100 son senadores son elegidos por circunscripción nacional, 2 curules por circunscripción especial para los indígenas, 5 curules para el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) y una curul para el 2do candidato(a) presidencial con mayor número de votos (como consecuencia del estatuto de oposición implementado por primera vez en este periodo 2018-2022) que le corresponde a Gustavo Petro. 

La Cámara de Representantes cuenta con 172 representantes de los cuales: 161 representantes son elegidos por circunscripción territorial. Hay 33 circunscripciones territoriales: que corresponden a los 32 departamentos del país y al Distrito Capital. A cada circunscripción territorial le corresponden dos representantes, y uno más por cada 365.000 habitantes. Más 2 curules por circunscripción especial  Afro, 1 curul por circunscripción especial para los Indígenas, 1 curul para los colombianos residentes en el exterior (se les redujo 1 curul  para el periodo 2018-2022), 1curul por circunscripción especial  Raizal  (esta curul es nueva, sin embargo actualmente nadie la ocupa por falta de reglamentación de la ley que la creó), 5 curules para el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) y una curul para el 2do candidato(a) vicepresidencial con mayor número de votos (como consecuencia del estatuto de oposición, implementado por primera vez en este periodo 2018-2022) que le corresponde a Ángela María Robledo. 

Más allá de los cuestionamientos por los privilegios que ostentan, que desde luego tendrán que revaluarse porque resultan siendo pagados por todos nosotros; el real desprestigio lo origina que por años, los grandes debates que se han hecho en el país, en donde se ha necesitado la defensa de los interés colectivos, los congresistas no han estado.

El tan mencionado equilibrio de poderes, en el que la rama legislativa del poder público debe ser un contrapeso de la rama ejecutiva, no se ha dado. En muchas situaciones, el Congreso de la República parece una dependencia mas del gobierno y no la institución encargada de hacer un control político que se traduzca en leyes que reduzcan la desigualdad y promuevan el desarrollo a favor de la gente. Tanto así, que si no hubiese existido el malestar generalizado que produjo el proyecto de la reforma tributaria, muy seguramente habría sido aprobado por el congreso sin que se le hubieran modificado una coma.

Por lo tanto, el congreso debe reformarse, no solo en el número de curules que lo componen, sino en la forma en la que se llega a él; priorizando la participación de jóvenes y mujeres que realmente tengan una representación popular que nazca de los territorios y que vaya acorde con la renovación que tanto aclama el país.

También te puede interesar estas columnas

Han sido más de 30 días complejos, que no solo dan cuenta de las consecuencias del temblor y que recuperar toda la flora perdida requerirá décadas, sino que a los incendios se les sumó una escalada de violencia.

Ejemplo de ello es que hoy en Colombia se habla solo de izquierda y derecha, ambas de corte popular, aunque se insiste en calificarlas como de extremos; pero sin el impacto popular difícilmente habrían logrado lo que alcanzaron electoralmente.

En el caso particular, la Universidad del Tolima representa para miles de jóvenes la posibilidad de acceder a una profesión sin que el origen económico de sus familias determine su futuro, pero también representa un lugar en el que convergen las investigaciones sobre agricultura, agua, salud pública, turismo, producción, tecnología, desarrollo territorial, entre muchos otros temas, y es esa perspectiva justamente la que debería ser el punto de partida de las acciones del gobierno de la llamada “Patria Milagro”.

Hoy solo queda pedirle a la nueva administración celeridad en los procesos. Es hora de que dejen de jugar con los campesinos y de que esas tierras que se han prometido una y otra vez, por fin sean verdaderamente de ellos.

En el segundo trimestre de 2026, el número de micronegocios en Colombia creció apenas 0,5 % frente al mismo periodo del año anterior y el personal ocupado aumentó 0,6 %. Hasta ahí parecería un crecimiento tímido. Pero hay un dato que cambia completamente la conversación: los ingresos de esos micronegocios crecieron 14 % en términos nominales.

Las estimaciones iniciales del Gobierno han situado las pérdidas alrededor de $30 billones, aproximadamente unos US$9.600 millones, aunque la cifra definitiva seguramente necesitará tiempo para consolidarse.

Le pido a Dios, que me acompañe en esta tarea y que pueda hacer todo de sí, en beneficio de mi país. Y como dicen en la linda tierra que me acogió cuatro años, “arrieros somos y en el camino nos vemos”.

Las medidas cautelares adoptadas por el Consejo de Estado, en el estudio de la demanda contra el decreto mediante el cual se fijó el salario mínimo para el año 2026, solo confirman una cosa: la ligereza que ha caracterizado a este gobierno cuando de sustentar legalmente sus actuaciones se trata.

¿Cómo es posible que, a pesar de contar con presupuestos, políticas y documentos que advierten sobre la importancia de tomar medidas, aún no tengamos campañas bien estructuradas para reducir el consumo de agua?

Hemos sido engañados, por altos estamentos nacionales quienes desconocen y pretenden minimizar las grandes falencias de este “antisistema de salud” fundamentado sobre la intermediación financiera.