Con el auge de las redes sociales y la democratización del acceso a la información también se han generado dos fenómenos muy fuertes y peligrosos: las fake news o noticias falsas, y la posverdad, una forma de hacer política a través de mentiras emotivas que apelan a las emociones y al desconocimiento para engañar a la opinión pública, a través de personalidades que pueden representar confiables.
Eso nos está pasando ahora con el Covid-19 y nuestra Ley de Vacunas para Todos. Hemos visto tristemente una gran manipulación a la sociedad sobre el contenido del proyecto y especialmente sobre el punto de responsabilidad de las farmacéuticas frente a posibles efectos adversos.

Cuando iniciamos el trámite del proyecto, en la carrera mundial por las vacunas empezó a surgir un tema controversial: que como las vacunas no estaban desarrollándose en tiempos ordinarios, los gobiernos, y no los laboratorios como en casos regulares donde se estudian vacunas por 10 años, debían hacerse responsables por efectos secundarios no conocidos. ¿Y por qué? Porque fueron los gobiernos del mundo los que presionaron para que las vacunas contra la Covid-19 salieran de manera expedita, con los mejores investigadores, pero con recursos no solo aportados por las empresas sino por los mismos Estados.

Precisamente por esta presión tan fuerte, los laboratorios han manifestado que como las vacunas no se han generado en tiempos ordinarios, es muy difícil para ellas tener claridad sobre posibles efectos secundarios no deseados que se generen muchos años después de la aplicación de esta, como sí logran identificarlos cuando se investigan por 10 años y siguen atentamente a los sujetos objeto de las pruebas de vacunas. Debo aclarar que el régimen ordinario determina responsabilidades por efectos adversos no identificados antes de la comercialización, y lo que se está haciendo en la nueva normativa es eximirlos de esto por lo anteriormente planteado. La falta de conocimiento y de claridad por quienes expresan que se está disminuyendo arbitrariamente la responsabilidad termina confundiendo a la opinión pública sobre la realidad de la situación.

La Ley de Vacunas no exime a las farmacéuticas de nada más. El artículo 5º es muy claro, y me permito citarlo: Responsabilidad de los fabricantes. Los fabricantes de vacunas contra la Covid–19 adquiridas y suministradas por el Gobierno Nacional sólo serán responsables por acciones u omisiones dolosas o gravemente culposas, o por el incumplimiento de sus obligaciones de buenas prácticas de manufactura o de cualquier otra obligación que le haya sido impuesta en el proceso de aprobación. Parágrafo. El régimen de responsabilidad descrito en este artículo sólo será aplicable para las vacunas contra la Covid-19 y las que se generen en caso de otras pandemias, mientras estas se encuentren bajo un régimen de aprobación de emergencia o una aprobación especial transitoria por parte de las entidades competentes en el territorio nacional. Pasado este periodo deberán aplicarse las reglas de responsabilidad ordinarias.

Como se evidencia, la responsabilidad comprende todas las acciones u omisiones dolosas o gravemente culposas, y adicionalmente malas prácticas de manufactura y cualquier otra obligación que se le haya sido impuesta en el proceso de aprobación, parte que omiten los críticos. Estas obligaciones comprenden responsabilidades bastante amplias que sí responsabilizan a las farmacéuticas.

Adicional a esto, como se ve en el parágrafo, el régimen especial de responsabilidad de emergencia solo sería aplicable cuando las entidades competentes (el INVIMA y MinSalud en nuestro caso), apliquen la aprobación especial transitoria. Cuando las vacunas ya tengan al menos cinco años de estar evaluadas, como en tiempos ordinarios, este régimen especial dejará de aplicar y serán responsables por efectos adversos no identificados y declarados, como siempre ha sido el régimen ordinario conforme a la responsabilidad civil contractual y extracontractual que este comprende.

Es importante también dejar claro que precisamente, en tanto la responsabilidad sobre estos efectos adversos desconocidos deja de ser del laboratorio durante el régimen especial, el proyecto comprendió la responsabilidad del Estado en todo lo adicional en lo que estos no serán. Es decir, frente cualquier efecto adverso generado por la vacuna, el Estado deberá evaluarlo, definir la causalidad a través del Consejo de Evaluación y será el juez contencioso administrativo quién determine finalmente este hecho, la gravedad y la indemnización si hubiere lugar a esta. Dicha adopción normativa ya ha sido tomada en diversos países entre estos Argentina el pasado 30 de octubre (que incluyó jurisdicción internacional y tribunales arbitrales cosa que en Colombia no lo admitimos y dejamos al juez nacional); el Parlamento Europeo, para todos los estados de la Unión Europea hace aproximadamente dos meses permitiéndole a la Comisión Europea firmar los contratos la semana pasada; y Estados Unidos, país que ya lo contemplaba previamente en su normatividad sobre autorización de uso de emergencia para medicamentos por intermedio de la Ley PREP.

Finalmente, teniendo en cuenta que se consideró esta posibilidad de que haya condenas a la Nación por dichas indemnizaciones, el proyecto también avala al Gobierno para adquirir una póliza de cobertura global que le ayude a cubrir posibles pagos de condenas, con el fin de respetar los recursos públicos, y que esta póliza solo será para la responsabilidad del Estado, y jamás la de las farmacéuticas, como quedó expresamente en el parágrafo del artículo 7º. Ningún colombiano quedará desamparado frente a posibles pero muy lejanas reacciones contra esta vacuna, y tampoco estarán obligados a aplicársela, en virtud del principio de libertad constitucional.

Tengan la plena confianza en que si todavía no sabemos qué vacuna va a implementarse en Colombia, es porque el Gobierno Nacional, representado en este caso por el Ministro de Salud, Fernando Ruiz, está analizando muy detalladamente la efectividad de las vacunas y su seguridad, con el fin de tomar una decisión adecuada con la vida y la salud de los colombianos. Precisamente el mensaje es: el Gobierno tomará la mejor decisión y por eso está dispuesto a ser el que responda por posibles reacciones no deseadas, que serán nulas o sino, mínimas. No se dejen manipular por la política de la posverdad y las fake news, pues llegó la hora de vacunarnos.