En el mes de agosto de este año, finalizaba mi columna sobre los 309 mil millones que logramos para el Sistema Estratégico de Transporte de Ibagué con un vaticinio. Expresé entonces de manera textual:
“Y para que esta obra no signifique para los actuales pequeños transportadores y empresarios, quienes han generado empleo durante décadas, su fin laboral y caída en la ruina, sino que sean tenidos en cuenta en el nuevo sistema. Hay que incluirlos en todas las instancias de participación para que no sean dejados atrás.”
Pues tristemente dicha advertencia se convirtió en una realidad. A mi conocimiento llegó que precisamente con la implementación del SEPT los empresarios que tantos años han servido a Ibagué están pasando las duras y las maduras en medio de una situación tan compleja como la de la pandemia.
Resulta que, en el decreto donde quedó plasmada la reglamentación del SEPT quedó una norma contraria a la ley actual que determina la conversión programada y gradual de los esquemas estratégicos de transporte a energías limpias. Esta norma, la ley 1964 de 2019, establece que para 2025, las ciudades que cuenten con Sistemas de Transporte Masivo deberán implementar políticas para que un 10% de la flota sea de energías limpias.
Hoy, los empresarios de transporte de Ibagué tienen hace un año detenidos y parqueados, sin matrícula y sin prestar servicio, pero igual cobrándose cuotas mensuales para pagarlas, aproximadamente 20 vehículos que son buses (y no microbuses) con tecnologías modernas y responsables con el medio ambiente, porque el decreto expresa erróneamente que: “a partir de la fecha no podrán ingresar al parque automotor de la ciudad nuevas unidades de microbuses, los actualmente en operación tendrán que ser repuestos por vehículos de tecnologías limpias (a gas o eléctricos) a más tardar al vencimiento de su vida útil por busetas de 40 o 50 pasajeros.”
No solo se está interpretando mal la norma que es a todas luces ilegal, sino que nadie les responde con una solución oportuna y adecuada frente a un claro error que comete el gobierno municipal.
Hoy, en los momentos en que la administración debe ponerse ser propositiva en aras de la reactivación económica, es urgente que se corrija este decreto. Una cosa es considerar normas adecuadas para proteger el medio ambiente y otra muy distinta es atentar contra la empresa privada y el empleo con regulaciones legales.
Vaya paradoja, la realidad en este momento es que mientras el parque automotor de la ciudad sigue volviéndose obsoleto, los buses nuevos con mejores tecnologías, están arrumados por una persecución infame de la administración anterior a un gremio que le ha dado la mano a la ciudad ante la falta de diligencia de la administraciones pasadas que llevan casi dos décadas tratando de implementar el sistema estratégico de transporte sin éxito.
