Desde esta tribuna del libre pensamiento ya se ha analizado hasta la saciedad, con cifras y documentos que no han podido ser objetados ni cuestionados, los desastrosos resultados en materia social y económica de la anterior administración en la ciudad de Ibagué. Solo hace falta mirar las cifras de empleo, inversión y crecimiento, por mencionar solo algunas, para concluir que entre 2016 y 2019, la capital del Tolima retrocedió de manera notable. Pero solo faltaba que el DANE revelara unos datos para confirmar la hecatombe social a la que nos vimos sometidos en el cuatrienio pasado: las cifras de pobreza.

Parece raro que nadie haya reparado en los datos recientes del DANE, especialmente aquellos que andan engatusando calentanos y reivindicando los “históricos logros” de la administración pasada y que, por pintoresco que parezca, ahora posan de defensores de la ética y la eficiencia administrativa. Pero no nos distraigamos con estas nimiedades y entremos en materia.

En cuanto a la pobreza monetaria, que no es otra cosa que aquellas personas que tienen ingresos por debajo del mínimo que les permita cubrir sus necesidades básicas, nos encontramos que en 2016 el porcentaje se ubicaba en el 17.3%, pero ya para el 2019 este porcentaje había subido al 18.9%, es decir que en cuatro añitos Jaramillo y su recua de avispados colaboradores vieron crecer la pobreza monetaria en 1.6%. Tan solo entre el 2018 y el 2019, los individuos bajo la categoría de pobreza monetaria pasaron de 160.533 a 168.066, es decir 7.500 personas vieron reducir sus ingresos al punto de ser clasificados esta categoría. ¡Gracias Jaramillo!

Los datos poco alentadores se confirman con las cifras de pobreza monetaria extrema y el coeficiente de Gini la ciudad. En efecto, la pobreza monetaria extrema entre 2016 y 2019 pasó del 2.4% al 2.7% y el coeficiente de Gini, que en resumidas cuentas permite medir la desigualdad, pasó de 0.430 a 0.450, lo que indica que la desigualdad en la ciudad creció en este vergonzoso cuatrienio. 

Claramente estas cifras no se pueden leer solas, sino que un análisis riguroso supone cruzar todo esto con las cifras de empleo, desempleo, informalidad laboral, finanzas públicas, políticas públicas y modelo productivo de la ciudad, pues todas estas variables están correlacionadas por varias vías. La conclusión inicial resulta obvia: la mediocridad administrativa entre 2016 y 2019, la cual socavó y ahuyentó la inversión privada, asfixió el aparato productivo a punta de impuestos y persecuciones, brilló por la baja calidad de la inversión pública, fomentó el endeudamiento público de manera irresponsable y se destacó por la nula gestión de recursos ante el gobierno nacional (se exceptúa en este ítem las panderetas y maracas que aparentemente se gestionaron con el gobierno Chino), son las grandes responsables de la crítica situación de Ibagué, la cual como es bien sabido se ha empeorado por cuenta del COVID-19 y sus efectos económicos y sociales.

Lo más vergonzoso es que ni siquiera exista una mínima sanción social a los promotores del atraso, la corrupción y la pobreza, lo cual indica que el problema no son solo los corruptos y los mediocres: el problema la sociedad que los tolera e ignora la perversidad de sus acciones. ¿Seguiremos así? Usted apreciado lector tiene la palabra…