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Sin orden y seguridad, ¿Para dónde vamos?

Lo más grave, es que todos somos espectadores pasivos de robos, disturbios, invasión a la propiedad privada. Por: Alejandra Guerrero Fajardo.
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Javier Pérez / Ecos del Combeima
9 Oct 2020 - 11:15 COT por Ecos del Combeima

La seguridad y el orden público en Ibagué ha sufrido un serio revés durante este año. Claro está que en una ciudad con el 40% de desempleo la anarquía siempre esta tangible. Como un recordatorio de cómo la política pública no ha generado bienestar para mejorar la calidad de vida de los ibaguereños.

Lo más grave, es que todos somos espectadores pasivos de robos, disturbios, invasión a la propiedad privada… todo un efecto del pobre liderazgo que hay en nuestras instituciones. Recordémosles a nuestros gobernantes que si las instituciones fallan la ciudad se hace menos atractiva para invertir. Por no mencionar que cuando estas no funcionan empieza a regir la corrupción y el clientelismo. Para resumírselo a todos, Ibagué es el resultado de una débil institucionalidad que se ve agravada por la escogencia a dedo de todos los cargos públicos.

Pero bueno que la ciudad este gobernada por el clientelismo y la burocracia no es nuevo, lo que si lo es decepcionante es que el alcalde no haya tomado correctivos. Si no se realizan, vamos directo a la anarquía. La población deja de creer en la justicia y en la fuerza pública, guiándose solo por la ley del más fuerte. Aún más grave informándose por las redes sociales, porque seamos sinceros el periodismo de investigación es inexistente en la ciudad.

Creando un coctel explosivo, en que el titular del martes en la mañana es que los taxistas atacaron a todos los spark que se cruzaron persiguiendo a taxistas ilegales. Simplificándolo a su máxima expresión utilizando la legislación colombiana, los taxistas trabajan amparados en la ley, pagando impuestos por lo que el gobierno debería protegerlos. En nuestra realidad hay gente que no encuentra otra manera de tener ingreso y que por lo tanto usa sus vehículos particulares para el transporte de pasajeros. Sin embargo, si no nos acogemos a la ley terminaríamos justificando todo acto de vandalismo.

Lo grave es que nuestro gobierno municipal no toma ningún correctivo, deja que sigan sucediendo actos en contra de la ley. Tampoco genera condiciones o reformas para activar la producción económica y disminuir el desempleo. No hemos trabajado en la infraestructura pública, los índices de seguridad pública han retrocedido, el desempleo está por las nubes. Lo único que es posible preguntarse es ¿Para dónde vamos?

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Qué bonito hablar de justicia, equidad y seguridad; de estrategias de mano dura o de acuerdos de paz.

En ciudades como Ibagué, donde el movimiento económico se siente en la calle todos los días, es común escuchar que aquí la gente trabaja duro.

Colombia se encuentra en un momento decisivo. El próximo Plan Nacional de Desarrollo 2026 – 2030 no puede limitarse a repetir diagnósticos ni a postergar decisiones estructurales. Si el país aspira a ser competitivo, reducir costos logísticos y consolidar su vocación exportadora, debe dirigir una mirada estratégica hacia una región que merece un lugar central en la agenda nacional: el Tolima.

A pocas semanas de una de las elecciones más importantes en la historia reciente de Colombia, nuestro país enfrenta una rara situación. Nunca habíamos tenido tantas herramientas para informarnos, pero sin profundidad, sin debate, sin argumentos.

En medio de una campaña electoral trascendente y sin precedentes, que sin duda marcará el destino de los colombianos, se observa más que propuestas y soluciones una serie interminable de confrontaciones, sugerencias y recomendaciones.

La reciente decisión del Concejo Municipal de Ibagué de restringir el uso de los celulares en los colegios públicos, especialmente para menores de 14 años, ha sido presentada como una medida necesaria para proteger la salud mental, mejorar la convivencia y fortalecer el rendimiento académico. Sin embargo, más allá de esas buenas intenciones, esta decisión pareciera ser una solución simplista a un problema de gran complejidad.

Le pido a Dios, que me acompañe en esta tarea y que pueda hacer todo de sí, en beneficio de mi país. Y como dicen en la linda tierra que me acogió cuatro años, “arrieros somos y en el camino nos vemos”.

Las medidas cautelares adoptadas por el Consejo de Estado, en el estudio de la demanda contra el decreto mediante el cual se fijó el salario mínimo para el año 2026, solo confirman una cosa: la ligereza que ha caracterizado a este gobierno cuando de sustentar legalmente sus actuaciones se trata.

¿Cómo es posible que, a pesar de contar con presupuestos, políticas y documentos que advierten sobre la importancia de tomar medidas, aún no tengamos campañas bien estructuradas para reducir el consumo de agua?

Hemos sido engañados, por altos estamentos nacionales quienes desconocen y pretenden minimizar las grandes falencias de este “antisistema de salud” fundamentado sobre la intermediación financiera.