Pasar al contenido principal
Econoticias y Eventos
Opinión
COMPARTIR
Se ha copiado el vínculo

Abusadores y abusados

Eliminar la policía no es un hecho neutral. Tiene la intención precisa de trasladar el control del territorio a la criminalidad organizada de la zona. Por: Paloma Valencia.
Imagen
Crédito
Internet
18 Sep 2020 - 11:57 COT por Ecos del Combeima

Los abusos de la policía son inaceptables, deben ser sancionados con toda la contundencia. Haber asesinado al abogado Ordoñez en medio de torturas es infame. Esperamos ver a los responsables en la cárcel muy pronto. Entiendo que algunos colombianos hubieran salido a expresar su repudio.  Es la expresión legítima de la indignación.

También salieron, cobijados en esa protesta, delincuentes que atacaron prácticamente la mitad de los CAI de Bogotá. Podría ser casualidad, podríamos decir que las redes invitaron a destruir al tiempo esas instalaciones… pero es poco probable. Basta recordar que las organizaciones criminales de este país siempre están buscando eliminar a la policía. Vienen a mi memoria los reclamos de las Farc y el ELN de acabar el Esmad, de modificar la doctrina de las fuerzas, de cambiar la policía. Cuando Uribe llegó a la presidencia, 350 municipios no tenían policía, y los alcaldes y autoridades administrativas habían sido desplazados.

Eliminar la policía no es un hecho neutral. Tiene la intención precisa de trasladar el control del territorio a la criminalidad organizada de la zona. Es evidente que la destrucción de los CAI como los ataques a la policía fueron organizados con anterioridad, y no fueron hechos casuales. Así lo han demostrado también los informes de inteligencia.

La alcaldesa Claudia López dice que no los conocía, sin embargo, días antes, su secretario hablaba de la presencia del ELN. Se anunció con antelación la posibilidad de desmanes, por el efecto de contagio que ha sucedido en otros países. La alcaldesa prefirió no decretar un toque de queda. Prefirió las protestas porque le parece sagrado ese derecho. ¿Qué pasa con los otros derechos que resultaron afectados? ¿la seguridad ciudadana? ¿la propiedad privada? ¿los bienes públicos? ¿Esos derechos son de segundo orden? Se tiene derecho a protestar, pero no a violentar. Cuando una manifestación está infiltrada de violencia la manifestación debe cesar.

La alcaldesa salió al día siguiente a solidarizarse con los heridos y los muertos, con ellos nos solidarizamos también. Salió también a culpar a la policía y a anunciar que la alcaldía daría asesoría para demandar a la policía. No entiendo porque juzgó y condenó a la policía como cuerpo. Claro que se cometieron excesos y los policías involucrados deben ser castigados, pero también se cometieron abusos y actos violentos contra la policía, muchos de sus hombres e instalaciones. ¿Por qué no defendió a la institución? No de los abusos, esos son indefendibles, pero sí de los ataques. ¿No supo de la destrucción, de los incendios, de la gasolina, de los insultos, agravios, golpes, y ataques que vivieron los policías? Más de 274 policías heridos, algunos de gravedad. La alcaldesa debió estar del lado de todos. Todos los delitos debieron ser condenados y deben  ser sancionados con contundencia. La alcaldesa perdió el control o no supo o no actuó y luego ignoró la mitad del problema.

También, hay que señalar la euforia que la violencia le produjo al senador Petro. Me quedó claro que su pasado guerrillero sigue estando vigente. La violencia le sigue pareciendo el camino. Durante estos trágicos días no solo justificó la violencia contra la policía y los bienes públicos… sino que la promovió con entusiasmo. Se atrevió incluso a celebrar la destrucción del patrimonio público de Popayán. Muchos, desde los tiempos del Maestro Valencia, consideramos con él, que el Morro debería tener un cacique indígena en su cima, y que Belalcazar debería estar en una plazoleta de la ciudad. ¿Pero destruirlo? ¿Agraviar? ¿Seguir creando odios?.

También te puede interesar estas columnas

Este comportamiento indica que los precios subieron menos en la ciudad frente a otras capitales del país.

En el Tolima aparecen un total de 36 candidatos oficiales a Cámara, y 10 al Senado, pero a decir verdad, pese a la amplia baraja, especialmente en Cámara, por el momento ninguno ha logrado ser factor diferencial, incluídos quienes aspiran a reelegirse para el próximo periodo.

Colombia asiste a un nuevo capítulo de la vieja tensión entre el poder central y los territorios, pero esta vez con una crudeza difícil de disimular.

El campo no puede vivir de modas agrícolas. Necesita diversificación, inteligencia de mercado, transformación, valor agregado y planificación. Porque cuando el productor depende de un solo cultivo, queda a merced del clima, del mercado… y de la próxima burbuja.

Sin duda el salario mínimo es hoy el tema más sensible del debate público, pues toca directamente millones de trabajadores y centenares de empresas especialmente las pequeñas y medianas, con estrechos márgenes de utilidad.

Cuando se confunde con destruir instituciones sin planes, el resultado son meras chambonadas. Colombia ha vivido recientemente esa confusión, y los datos, más que los relatos, así lo evidencian.

Nuestro país enfrenta un año electoral altamente polarizado, con elecciones al congreso en marzo y presidenciales entre mayo y junio si hay segunda vuelta.

¡Lo volvió a hacer! El representante a la Cámara, Gerardo Yepes hace méritos para obtener el título de indisciplinado del año al interior del partido Conservador.

¿Cómo es posible que, a pesar de contar con presupuestos, políticas y documentos que advierten sobre la importancia de tomar medidas, aún no tengamos campañas bien estructuradas para reducir el consumo de agua?

Hemos sido engañados, por altos estamentos nacionales quienes desconocen y pretenden minimizar las grandes falencias de este “antisistema de salud” fundamentado sobre la intermediación financiera.