Se conocieron los pronunciamientos de los entes de control, referente al manejo en todo el territorio nacional de los contratos a propósito de la emergencia por el covid-19. Para el Tolima y su capital, dejan al gobernador  Ricardo Orozco, con investigación preliminar por $14 mil millones en contratos,  junto a once de sus funcionarios, al igual que la suspensión de la secretaria de salud departamental. En Ibagué se filtró el informe de la Contraloría Municipal, entregado al alcalde Andrés Fabián Hurtado desde el 4 de mayo de los corrientes. Tanto para la Contraloría General de la República, como para Contraloría Municipal, en los contratos de compra de los kit alimenticios y de aseo, se presumen sobrecostos que alcanzan; para la gobernación $2.388 millones y para la alcaldía  681 millones de pesos, adicionados 25 millones correspondientes a  232 mercados no entregados por la empresa repartidora y tampoco devueltos. En total estamos hablando de $3.095 millones, que fácilmente habrían alcanzado para otros 40.000 mercados.

¿Qué sigue? Que las ías le cumplan al país con la celeridad en las investigaciones,  sin que medien  influencias o componendas políticas y en un momento de calamidad pública, se perciban del lado de los más vulnerables y por lo tanto actuar con el rigor de la ley. Particularmente, tengo mis reservas con los shows de los organismos de control, manejados en su mayoría  por políticos con agenda oculta. El Tolima tiene un buen número de  políticos, funcionarios y exfuncionarios  que llegaron, se mantuvieron y salieron de sus cargos,  sin que se conociera el avance y menos el resultado de las investigaciones que afrontan. Siguen orondos, como si nada.

En medio de la situación, se espera que los investigados en el marco de un debido proceso, puedan controvertir, explicar, justificar y satisfacer los requerimientos por las   presuntas irregularidades en los contratos. Con eso, reducimos la mala imagen que en el contexto nacional deja al Tolima como un departamento  proclive a la corrupción. De paso,  el Barretismo  se consolidaría como grupo político de buenas prácticas de gobierno y con una la línea de transparencia sin precedentes en la historia reciente del Tolima. Suena bonito ¿verdad?

Conozca los informes de la Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación y la Contraloría Municipal de Ibagué.

En caso contrario y de comprobarse los sobrecostos en la adquisición de los mercados, con la inadecuada inversión de los recursos públicos,  la afectación a  miles de personas en estado de pobreza y necesidad en el departamento, y la validación de los hallazgos;  administrativos, fiscales, penales y disciplinarios, sería un mal momento político y la confirmación de lo que en voz baja se dice: “En el Barretismo la corrupción parecería tener agenda conjunta” y en evidencia quedaría que los grandes negocios en la gobernación y la alcaldía, se hacen con los mismos aliados estratégicos de las  finanzas y la política. 

También  justificadas quedarían las quejas por las demoras en las entregas de mercados, direccionadas inicialmente,  al parecer,  para los que votaron por sus candidatos. Pálidos y lánguidos se verían aquellos que salieron a meter las manos al fuego y a defender la honorabilidad e integridad de los gobernantes. En el peor de los escenarios, podría darse la suspensión  y hasta el retiro de sus cargos. Y como dijo en su momento,  un defensor de oficio de las dos administraciones: “Ignorar la ley es un virus que hace daño…” 

La corrupción como fenómeno social asquea y deprime. Por su culpa seguimos en el atraso y el abandono, situación que aprovechan los políticos corruptos para cimentar sus campañas en falsas promesas de  transformación, cambio y anunciar con alta dosis de cinismo, un gobierno libre de ese terrible mal. Pero a la hora de la verdad, resultan peores que sus antecesores. Pero,  ay de quien se atreva a insinuar o alertar de situaciones o negociaciones que pinten o se vislumbren chuecas. Queda graduado como enemigo u opositor.

Lástima que un crimen económico,  como se le denomina a la corrupción en otros país, en Colombia no tenga el rigor de la ley para aquellos que atentan contra los derechos humanos y traicionan la voluntad popular. Las recientes cifras muestran que en Colombia hay más de 4.500 condenados por corrupción y la mitad tienen la casa por cárcel y sin avance de los procesos de extinción. La corrupción es un fenómeno lesivo que crece sin freno, por estos  días en el vecino país del Perú,  se presentó un proyecto de ley que propone  cadena perpetua para el funcionario o servidor público que defraude patrimonialmente al Estado dentro del estado de emergencia, pandemias….”. Un buen ejemplo a seguir.

El Tolima esperaba  más de sus mandatarios, porque estrenarse tan temprano con hallazgos  por presunta corrupción, dejan la duda sobre el gran riesgo y el peligro  en el que podrían estar  los recursos que  se manejen durante sus gestiones de Gobierno. ¿La mala hora del Barretismo?  Ojalá lo sepamos pronto.

Punto Final:  

-La Contraloría Municipal de Ibagué no cumple con los preceptos normativos que obligan a tener actualizados los  contenidos de su página web, que incluyen los informes de las investigaciones adelantadas por ese organismo.

-Interesante que los medios de comunicación se unieran en una cruzada contra la corrupción en el Tolima.