Sin embargo, resulta contradictorio que tratándose de una manifestación de libre pensamiento deba uno limitarse o imponer vedas a su propio discernimiento.

Pero como estamos inmersos en una sociedad revanchista, antes de las críticas, debo advertir que esta columna solo recoge apreciaciones fruto del razonamiento propio y no vincula a instituciones o personas con las que se me pudiera relacionar, como malintencionadamente algunos querrán hacer creer.

Dadas estas aclaraciones, tal vez no debidas, pero necesarias es prudente decir que la Acreditación Institucional de Alta Calidad para las universidades, lejos de parecer un asunto menor, sobre el que tampoco hay mayor comprensión en la opinión pública, representa una oportunidad para las regiones al traducirse en mejoramiento en los indicadores de competitividad que muchas compañías analizan antes de instalar sus plantas o definir cuál será su centro de operaciones.

Es esta también una garantía para la obtención de mano de obra calificada que simplifica los procesos de reclutamiento e incorporación de personal y para estudiantes y graduados de las instituciones certificadas constituye un aval del cumplimiento de estándares de educación que materializan el ideal de calidad como diferencial, más allá del marketing.

Recientemente la Universidad de Ibagué obtuvo este reconocimiento, proceso que de manera paralela también desarrolló la Universidad del Tolima, esta última aún en espera de una respuesta tras algunas observaciones producto del informe de los pares evaluadores del Consejo Nacional de Acreditación.

Desde mi perspectiva, no cabe duda que la UT por sus inversiones en infraestructura, por la dedicación y el esfuerzo de sus profesores e investigadores, por la preparación y logros de sus profesionales, merece ser acreditada.

Nada más benéfico para el Departamento que contar con dos de sus universidades más reconocidas en ese selecto grupo.

Lo que no procede es que en busca de un sello de calidad, que justamente hace honor al mérito de todos los estamentos universitarios se incurra en prácticas que parecieran querer imponer decisiones políticas sobre criterios técnicos.

La primera manifestación de ello se dio en la instalación de la visita de los evaluadores. Un acto que lejos de corresponder con la sobriedad de la academia se convirtió en un desfile de políticos desde el Alcalde hasta varios congresistas no graduados de esa Institución y por supuesto el Gobernador, (justificado por tratarse de quien preside el Consejo Superior), un intento por sorprender a los expertos y  enviar un mensaje subliminal de poder e influencia sobre quienes fueron comisionados para medir indicadores objetivamente.

Como si los resultados del primer intento por poner en marcha esta estrategia no hubiesen sido suficientes para descartar sus usos futuros,  a comienzos de este año, después de haberse notificado las observaciones, naturalmente objeto de recursos, el nuevo Gobernador del Tolima en comisión con el Alcalde de Ibagué, y de nuevo, varios congresistas con influencia electoral en la región dieron cuenta en sus redes sociales de una visita "casual" al despacho de la ministra de Educación, María Victoria Angulo en la que también se vio al rector de la UT.

Cualquier diría que es hilar muy delgado, que son simples suspicacias, de no ser porque al lobby sistemático se sumó la artillería pesada del mandatario seccional en el previo de la visita de la jefe de la cartera de educación a la ciudad, donde en tono de exigencia dijo a la prensa local que incluiría en sus peticiones a la funcionaria del alto gobierno celeridad a la firma de la resolución de acreditación para la universidad pública.

Y aunque la última palabra la tiene el Ministerio, el argumento para otorgar o no esta distinción depende en buena medida del sustento de los expertos en los informes del Consejo Nacional de Acreditación. Sería en el ejemplo más básico como si el rector de un colegio diera por ganado el año escolar de un estudiante reprobado, atendiendo el reclamo de un padre de familia poderoso, sin tener en cuenta el criterio del profesor.

Así que si se trata sólo de un trámite administrativo que ha dilatado la decisión final, me sumo a los votos porque se superen las trabas y venga pronto la certificación, pero que no sea esta el fruto de presiones políticas y mediáticas que algunos consultores del círculo cercano del gobierno departamental legitiman como válidas para conseguir objetivos, por nobles que sean las causas.

Hacerlo de manera tan evidente termina por deslucir la consecución de un logro que es en un 90% o más de la consagración de la academia, más allá de que luego otros pretendan obtener réditos presentándolo como un trofeo de la gestión parlamentaria y la acción política.