El sector agropecuario colombiano enfrenta este año un entorno complejo, marcado por una combinación de oportunidades y presiones que no se pueden ignorar si pensamos en el futuro productivo de regiones como el Tolima.
El reciente ascenso del Tolima en los índices de competitividad no es un accidente estadístico, refleja toda una articulación institucional, un liderazgo sectorial y un sector privado dinámico que comienza a recoger frutos.
El fenómeno tiene efectos específicos. En primera medida, un chisme erosiona la confianza institucional y la personal. Cualquier decisión pública, como por ejemplo la puesta en marcha de una obra, la ejecución de un contrato o una medida de seguridad puede quedar atrapada en una tormenta digital antes de ser explicada.
Por eso, elegir bien no es un asunto menor. Es decidir quién tendrá la responsabilidad de defender al Tolima con argumentos, con liderazgo y con visión de desarrollo, en el escenario donde se toman las decisiones más importantes del país.
La decisión más importante en marzo, mayo y junio de 2026 es elegir pensando en nuestra institucionalidad y democracia, que ha sido la más antigua y solida de Latinoamérica y respetar, así no nos gusten, esos pesos y contrapesos, y mejorar esta institucionalidad para que nunca más alguien abuse de ella o termine proponiendo constituyentes amañadas, para gobernar a su antojo.
Las medidas cautelares adoptadas por el Consejo de Estado, en el estudio de la demanda contra el decreto mediante el cual se fijó el salario mínimo para el año 2026, solo confirman una cosa: la ligereza que ha caracterizado a este gobierno cuando de sustentar legalmente sus actuaciones se trata.
Hoy la situación no solo no mejora, sino que se agrava, y la comercialización del arroz se vuelve cada vez más pesada y más injusta para el agricultor tolimense.
¿Cómo es posible que, a pesar de contar con presupuestos, políticas y documentos que advierten sobre la importancia de tomar medidas, aún no tengamos campañas bien estructuradas para reducir el consumo de agua?
Hemos sido engañados, por altos estamentos nacionales quienes desconocen y pretenden minimizar las grandes falencias de este “antisistema de salud” fundamentado sobre la intermediación financiera.
