Colombia se encuentra en un momento decisivo. El próximo Plan Nacional de Desarrollo 2026 – 2030 no puede limitarse a repetir diagnósticos ni a postergar decisiones estructurales. Si el país aspira a ser competitivo, reducir costos logísticos y consolidar su vocación exportadora, debe dirigir una mirada estratégica hacia una región que merece un lugar central en la agenda nacional: el Tolima.
A pocas semanas de una de las elecciones más importantes en la historia reciente de Colombia, nuestro país enfrenta una rara situación. Nunca habíamos tenido tantas herramientas para informarnos, pero sin profundidad, sin debate, sin argumentos.
En medio de una campaña electoral trascendente y sin precedentes, que sin duda marcará el destino de los colombianos, se observa más que propuestas y soluciones una serie interminable de confrontaciones, sugerencias y recomendaciones.
La reciente decisión del Concejo Municipal de Ibagué de restringir el uso de los celulares en los colegios públicos, especialmente para menores de 14 años, ha sido presentada como una medida necesaria para proteger la salud mental, mejorar la convivencia y fortalecer el rendimiento académico. Sin embargo, más allá de esas buenas intenciones, esta decisión pareciera ser una solución simplista a un problema de gran complejidad.
Le pido a Dios, que me acompañe en esta tarea y que pueda hacer todo de sí, en beneficio de mi país. Y como dicen en la linda tierra que me acogió cuatro años, “arrieros somos y en el camino nos vemos”.
Las medidas cautelares adoptadas por el Consejo de Estado, en el estudio de la demanda contra el decreto mediante el cual se fijó el salario mínimo para el año 2026, solo confirman una cosa: la ligereza que ha caracterizado a este gobierno cuando de sustentar legalmente sus actuaciones se trata.
¿Cómo es posible que, a pesar de contar con presupuestos, políticas y documentos que advierten sobre la importancia de tomar medidas, aún no tengamos campañas bien estructuradas para reducir el consumo de agua?
Hemos sido engañados, por altos estamentos nacionales quienes desconocen y pretenden minimizar las grandes falencias de este “antisistema de salud” fundamentado sobre la intermediación financiera.
