El fin de 2025 no solo marca el cierre de un año administrativo, también abre un nuevo ciclo de cálculos políticos en el Tolima.

Para los funcionarios públicos que contemplan aspirar a una Alcaldía o a la Gobernación en las elecciones regionales de octubre de 202, el calendario legal ya empezó a avanzar.

La legislación electoral establece que quienes hayan ejercido autoridad política, civil, administrativa o militar, o hayan intervenido en la ordenación del gasto o en la celebración de contratos en el respectivo territorio, no pueden ser candidatos si permanecen en el cargo durante el año previo a la elección.

En consecuencia, los aspirantes deberán renunciar a más tardar a mediados de 2026 para no incurrir en inhabilidades.

La norma, contenida en la Ley 617 de 2000, busca evitar que el ejercicio del poder público se convierta en ventaja electoral y también restringe a quienes, en el año anterior a los comicios, hayan gestionado negocios o contratos con entidades públicas en interés propio o de terceros en el municipio donde pretendan aspirar.

Este escenario convierte al 2026 en un año clave: muchos deberán decidir si su meta para el nuevo año es mantenerse en el cargo o dar el paso definitivo hacia una candidatura.

Año nuevo, metas nuevas, pero con plazos legales que no admiten improvisaciones.