'En una Junta Militar se dio la orden de asesinar a Jaime Garzón'
Días antes su muerte el periodista Jaime Garzón se reunió en la cárcel La Modelo de Bogotá con un emisario del jefe paramilitar Carlos Castaño Gil. El humorista tenía información sobre un plan para asesinarlo por parte del máximo comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
El emisario llamó con un radioteléfono a Castaño Gil quien le aseguró que no había tal plan. En la madrugada del 13 de agosto de 1999 cuando se dirigía en su camioneta a la emisora Radionet en el occidente de Bogotá dos sicarios lo interceptaron cerca a Corferias, sin mediar palabra le propinaron varios disparos que acabaron inmediatamente con su vida.El país estaba de luto. Inmediatamente se ordenó una investigación para establecer a los autores intelectuales y materiales del crimen del periodista. En ese momento se designó al investigador Ender Olejuela Castillo para adelantar las respectivas pesquisas y llevar ante los estrados judiciales a las personas detrás del crimen.Sin embargo, en el desarrollo de la investigación se presentaron varios inconvenientes y obstáculos. Pese a tener varias hipótesis a desarrollar ninguna se pudo confirmar debido a las presiones que existían por parte del fiscal del caso, Eduardo Maza. En ese momento aparecieron los retratos hablados de dos presuntos sicarios de la banda delincuencial La Terraza de Medellín.Inmediatamente la Fiscalía y el DAS aseguraron que esas dos personas, identificadas con los alias de ‘Bochas’ y ‘Toño’. Todas las hipótesis se cerraron de manera inmediata. Tras tres años de juicio los dos presuntos sicarios fueron absueltos por el juzgado especializado de Bogotá que consideró que no existían pruebas para vincularlos con el crimen del periodista.En ese momento, por orden del Fiscal el investigador Olejuela había sido retirado de la investigación. Las teorías que se tenían nunca se pudieron comprobar y el caso pasó a la impunidad, puesto que por esos hechos solamente fue condenado el jefe paramilitar Carlos Castaño, quien según las autoridades murió en abril de 2014.La Junta Militar17 años el investigador del CTI reapareció para contar detalles ante un juez séptimo especializado de Bogotá en el juicio que se adelanta en contra del excomandante del B-2 de la Brigada XIII del Ejército Nacional, coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo, procesado por su presunta participación en los seguimientos hechos al periodista durante meses.Olejuela dio detalles sobre los obstáculos que se presentaron para desarrollar la citada investigación. Bajo la gravedad de juramento detalló que en febrero de 2000 se reunió con el fiscal Maza para ponerle de presente unas líneas de investigación y la existencia de un testigo clave que podría aclarar muchas dudas.El testigo tenía información sobre los seguimientos que agentes del Estado le adelantaron durante semanas a Garzón Forero en Bogotá. Sin embargo, pese a la importancia del testigo, el fiscal “se molestó y lo sacó de la oficina”. Posteriormente fue retirado de la investigación “sin justificación alguna” por decisión de sus superiores.En los meses que estuvo en la investigación conoció detalles sobre los últimos días de Garzón. Por ejemplo, pese a que el paramilitar conocido con el alias ‘La Ruana’ le aseguró que no había ningún plan para atentar contra él la verdad es que la “orden ya estaba dada”.La misma orden había salido tras la celebración de una junta militar. “Se reúnen algunos militares y de ahí salió la orden para que Carlos Castaño hiciera el mandado”. El investigador aseguró que desconoce los nombres de los militares que hacían parte de dicha junta, sin embargo eran altos mandos oficiales.Ante la pregunta del abogado del procesado el testigo indicó que había conocimiento sobre la comunicación que sostenían varios mandos militares con el máximo jefe de las AUC. Pese a que aseguró que se trataba de una “afirmación temeraria” el investigador indicó que Castaño obedecía las órdenes que le daban los militares.En su declaración aseguró que tampoco se pudo confirmar la hipótesis sobre los vínculos de organismos de seguridad del Estado con actividades ilegales. Pese a este “información relevante” el Fiscal “no le prestó atención”. “Yo le manifiesta que era muy valiosa una información sobre un testigo que tenía varios documentos. Existía un testigo de vital importancia para el esclarecimiento de los hechos”, sin embargo el fiscal dijo que no tenía importancia y no lo atendió.