¿Quién vigila a los que deben vigilar? El silencio de la Asamblea del Tolima
Por estos días, la pregunta que comienza a rondar entre los tolimenses ya no es quién gobierna el departamento. Esa respuesta es clara. La verdadera inquietud es otra: ¿quién ejerce control político sobre los diputados de la Asamblea del Tolima?
La Asamblea Departamental no fue elegida para aplaudir. Su misión es debatir, cuestionar, investigar y ejercer control político sobre la administración departamental. Ese es su principal mandato constitucional. Sin embargo, cuando ya ha transcurrido buena parte de 2026, el balance deja más interrogantes que respuestas.
Hasta donde se conoce, no han trascendido debates de control político de gran impacto dirigidos a las secretarías departamentales, la red hospitalaria, los institutos descentralizados o la ejecución de los principales programas de la Gobernación del Tolima. Tampoco se han conocido citaciones o investigaciones que hayan generado un amplio debate público sobre la gestión del Ejecutivo.
Y eso preocupa.
Porque gobernar bien no significa gobernar sin control. Incluso las administraciones con mejores indicadores deben estar sujetas al escrutinio de los organismos de control político. Su función no es atacar al gobierno de turno, sino garantizar que los recursos públicos se administren de manera eficiente, transparente y en beneficio de la ciudadanía.
La gobernadora Adriana Magali Matiz mantiene una imagen favorable. Eso es innegable. Pero, precisamente por respeto a la institucionalidad, la Asamblea debería demostrar independencia y evitar la percepción de convertirse en una corporación donde las iniciativas del Ejecutivo avanzan sin mayores cuestionamientos.
Los proyectos llegan, se estudian y se votan. Sin embargo, desde afuera queda la impresión de que la mayoría obtiene luz verde sin un debate ampliamente visible para la opinión pública.
¿No existen observaciones? ¿No hay aspectos susceptibles de modificación? ¿Todo marcha sin reparos?
Porque, si esa percepción termina consolidándose, el control político pierde parte de su razón de ser.
Otro aspecto que tampoco puede pasar inadvertido es el deterioro de la comunicación institucional de la Asamblea.
Hace algunos años era habitual recibir boletines informativos, conocer las posiciones de los diputados, identificar a los ponentes de cada proyecto y seguir los argumentos expuestos durante las sesiones. Hoy la percepción es distinta.
Las sesiones se realizan, en muchas ocasiones, en horarios poco accesibles para la ciudadanía y para los medios de comunicación. La información institucional es escasa y no se evidencia una estrategia efectiva para acercar el trabajo de la corporación a los tolimenses.
¿Cómo puede la ciudadanía evaluar la gestión de sus diputados si ni siquiera conoce con claridad qué hacen?
Y cuando los ciudadanos desconocen el trabajo de sus representantes, la democracia se debilita.
También llama la atención el bajo perfil que han mantenido algunos diputados que, históricamente, se caracterizaban por ejercer una oposición más visible. Nombres como Jaime Tocora, Carlos Reyes o Yully Porras protagonizaron en otros periodos diversos debates de control político. Hoy, al menos públicamente, esa dinámica parece haberse reducido.
¿Dónde quedaron esas discusiones?
¿Dónde están las preguntas incómodas?
¿Quién está revisando la ejecución de los recursos públicos?
La inquietud aumenta a medida que empieza a sentirse el ambiente preelectoral. Varios diputados buscarían repetir curul; otros aspiran a las alcaldías de sus municipios y algunos esperan hacer parte de una futura administración departamental.
Quizá por eso muchos prefieren no incomodar.
Pero el costo de ese silencio lo terminan asumiendo los tolimenses.
La Asamblea no puede convertirse en una notaría donde simplemente se formalicen las decisiones del Ejecutivo. Debe seguir siendo un escenario de deliberación, argumentos, confrontación respetuosa y vigilancia permanente sobre la gestión pública.
Los tolimenses no eligieron diputados para levantar la mano sin cuestionamientos. Los eligieron para proteger el presupuesto público, exigir resultados y defender los intereses de la comunidad.
Porque, al final, la pregunta sigue vigente:
¿Quién le hace control político a quienes tienen la obligación de ejercer el control político?
