Un nuevo aire llega a la educación superior pública en Colombia. La plenaria del Senado aprobó el Proyecto de Ley 212 de 2024, que busca reformar parcialmente la Ley 30 de 1992 y corregir la fórmula presupuestal que durante años dejó a las universidades en una crisis financiera.

El proyecto responde a una deuda histórica: los recursos asignados desde el Presupuesto General de la Nación no habían crecido al ritmo del aumento real de los costos, acumulando un déficit que hoy alcanza los $17 billones.

“Este desfase ha llevado a que las universidades públicas, que en 1993 se financiaban casi en su totalidad con recursos del Gobierno, hoy se vean a gatas para poder salir a flote. Si no se establece un nuevo modelo financiero, muchas no tendrán cómo sostenerse ni admitir más estudiantes”, advirtió el senador Barreto.

Solo en funcionamiento –incluyendo vinculación de docentes y trabajadores– el déficit asciende a $3,5 billones, una cifra que ponía en riesgo el acceso a la educación de miles de jóvenes.

Las claves de la reforma

El Proyecto de Ley 212 plantea un nuevo modelo de financiación para las instituciones de educación superior públicas con ejes centrales:

• Financiación justa: ajustar el cálculo de los aportes de la Nación para cubrir costos operativos y de expansión.
• Cobertura y gratuidad: garantizar los recursos necesarios para ampliar el acceso y sostener la política de gratuidad.
• Permanencia: creación de un fondo para subsidios de sostenimiento dirigidos a estudiantes de bajos ingresos.
• Sostenibilidad y bienestar: fortalecer la calidad, reducir brechas regionales y mejorar condiciones para estudiantes y docentes.

La aprobación en el Senado marca un punto de inflexión para las universidades públicas, que ahora podrán dejar de arrastrar deudas y concentrarse en su misión principal: educar y abrir oportunidades a la juventud colombiana.