La circulación de un video en el municipio de Piedras generó preocupación entre habitantes, comerciantes y productores rurales, luego de que en el material apareciera una persona encapuchada identificándose como integrante de una supuesta estructura criminal y anunciando una presunta llamada extorsiva.

El caso llevó a la Policía Metropolitana de Ibagué a adelantar una verificación inmediata del contenido audiovisual, con el propósito de establecer su origen y determinar si existía algún riesgo real para la comunidad de este municipio tolimense.

Según el informe entregado por las autoridades, el video fue conocido el pasado 9 de junio y estaba dirigido aparentemente a una mujer no identificada. En el mensaje se advertía sobre una futura comunicación extorsiva atribuida a una estructura ilegal que se presentó como parte de las disidencias de las Farc.

Sin embargo, tras un análisis preliminar, la Policía concluyó que el material no reúne las características habituales de los comunicados emitidos por organizaciones armadas ilegales reconocidas en el país. Además, reiteró que actualmente no existe información de inteligencia que indique presencia de este tipo de estructuras en la jurisdicción de Piedras.

Las investigaciones técnicas permitieron rastrear el origen del video, estableciendo que habría sido grabado y difundido desde el Complejo Penitenciario y Carcelario La Picota, en Bogotá.

De acuerdo con las autoridades, este material haría parte de una modalidad de extorsión digital carcelaria mediante la cual personas privadas de la libertad suplantan organizaciones criminales para intimidar a sus víctimas y exigir dinero a cambio de supuestas garantías de seguridad.

La Policía señaló que este tipo de mensajes no solo estarían llegando a ciudadanos del Tolima, sino también a comerciantes, ganaderos y agricultores de departamentos como Cundinamarca, Caldas y Boyacá, donde se han reportado casos similares.

La situación generó preocupación entre algunos habitantes de Piedras, especialmente por el temor que producen este tipo de amenazas y la incertidumbre frente a posibles hechos de extorsión. No obstante, las autoridades insistieron en que no existen evidencias que permitan afirmar la presencia de grupos armados ilegales en el municipio.