Los reparos de la Gobernación del Tolima al nuevo proyecto ley que repartiría recursos del SGP
En medio de la audiencia pública en Ibagué sobre el Proyecto de Ley Orgánica No. 502 de 2025, que busca redefinir cómo se distribuyen los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), el Tolima encendió las alarmas.
La secretaria de Planeación departamental, Dora Montaña, dejó claro que no se oponen a la idea de reformar el sistema, pero sí a la forma en que se está planteando.
Según explicó, el proyecto se queda corto porque deja por fuera elementos clave de la descentralización.
Montaña recordó que ya existe una hoja de ruta construida durante años, la llamada misión de descentralización, en la que participaron el Gobierno Nacional, expertos y territorios. Allí —dijo— se plantearon reformas integrales que van desde competencias hasta fortalecimiento institucional, pero ese insumo no está siendo tenido en cuenta en el debate actual.
Otra de las preocupaciones expuestas tiene que ver con el impacto directo en los municipios, especialmente los de menor categoría.
Aunque el proyecto propone que estos asuman más responsabilidades por su cercanía con la población, no les da herramientas para hacerlo.
“Doy más competencias, pero sin generar capacidades. Inmediatamente me rompe el equilibrio”, advirtió.
Para la funcionaria, esto puede terminar agravando las brechas entre territorios, en lugar de cerrarlas, ya que se exigiría más a entidades que hoy no tienen cómo responder.
En ese sentido, insistió en la necesidad de hacer una reforma más completa y coherente con la Constitución y con las realidades de los territorios.
“Una verdadera descentralización sí, pero se requieren competencias claras, recursos suficientes y territorios fortalecidos, pero sobre todo con seguridad jurídica para este país”, concluyó.
Educación
Durante la audiencia pública en Ibagué, el secretario de Educación departamental, Andrés Bedoya, advirtió que las cuentas no dan.
Aunque el proyecto plantea aumentar progresivamente los recursos para las regiones, Bedoya cuestionó que ese incremento realmente se traduzca en cierre de brechas.
“411 veces se menciona en el proyecto de ley cierre de brechas. El hecho de que se mencione 411 veces el cierre de brechas, no significa que realmente se estén cerrando”, dijo.
Según el funcionario, hoy, educar a un estudiante cuesta en promedio 12,5 millones de pesos al año, pero el sistema no cubre ese valor.
Incluso usando un cálculo intermedio —4.864.000 pesos por estudiante—, el departamento enfrenta una brecha del 61,35%. Es decir, apenas logra financiar poco más del 38% de la canasta educativa.
A eso se suma otro problema estructural: solo el 3% de los recursos del SGP en educación se destina a calidad, infraestructura y dotación, lo que limita cualquier mejora de fondo en el sistema.
Con ese punto de partida, el secretario advirtió que la reforma no corrige el problema. Por el contrario, lo agrava.
El proyecto no solo redistribuye recursos, sino que también traslada nuevas responsabilidades a los territorios. Entre ellas, financiar completamente el Programa de Alimentación Escolar, asumir costos en educación superior y responder por infraestructura.
Ese cambio impacta directamente las finanzas. “Si aplicáramos a hoy la reforma del proyecto de ley 502 (…) vamos a tener no una brecha del 61%, sino una brecha del 66.59%”, explicó.
El costo por estudiante pasaría de 12 millones a cerca de 14 millones de pesos, sin que los ingresos crezcan en la misma proporción.
Bedoya también puso en duda la supuesta gradualidad de la reforma. Aunque el proyecto habla de un proceso progresivo, en la práctica —según dijo— desde 2027 los territorios tendrían que asumir cargas completas en temas como alimentación escolar y educación superior.
Eso, advirtió, podría traducirse en incumplimientos y más presión fiscal. “No hay realmente un cierre de brechas”, concluyó.
El análisis va más allá del corto plazo. Según sus cálculos, incluso después de 12 años de aplicación de la ley, el Tolima seguiría con una brecha superior al 60%, prácticamente en el mismo punto de partida.
Frente a ese panorama, el secretario planteó concentrarse en aumentar los recursos sin trasladar nuevas obligaciones.
Bajo ese escenario, aseguró, la brecha sí bajaría de forma real, pasando de 61% a cerca de 53,5%, lo que representaría un cierre de más de siete puntos porcentuales.
Salud
En medio de la audiencia pública realizada en Ibagué sobre el Proyecto de Ley Orgánica No. 502 de 2025, que redefine la distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), la Secretaría de Salud del Tolima advirtió que la iniciativa depende en buena medida de elementos de la reforma a la salud que fue hundida en el Congreso.
La directora de Salud Pública, Zulma Acosta, explicó que el análisis técnico realizado por la entidad encontró coincidencias de fondo en la forma en que se distribuyen competencias entre Nación y territorios. “En ese análisis de competencias propuestas por la Nación, departamentos, municipios y resguardos indígenas se plasma mucho y gran parte de ese articulado en la declinada reforma de la salud”, afirmó.
Según la funcionaria, uno de los principales puntos de preocupación es la concentración de la administración de los recursos en el nivel nacional, particularmente en la ADRES, lo que, a su juicio, pone en riesgo la descentralización del sistema.
Este esquema, dijo, implicaría que las entidades territoriales asuman responsabilidades sin contar con el control de los recursos.
En esa línea, advirtió que las nuevas competencias exigirían a departamentos y municipios fortalecer su estructura administrativa, tecnológica y de talento humano, lo que aumentaría significativamente los costos de funcionamiento.
“Exigen estructuras administrativas robustas (…) lo que me implica son grandes costos de funcionamiento y hace predecir la insuficiencia de recursos en los territorios”, sostuvo.
El análisis también alerta sobre el impacto fiscal que tendría la iniciativa para el Tolima, al obligarlo a financiar, cofinanciar y concurrir en la prestación de los servicios de salud, en un contexto de centralización de los recursos. “Al departamento me obliga a financiar, cofinanciar y concurrir en la prestación del servicio de salud (…) lo cual (…) me coloca en riesgo de manera financiera”, indicó.
A esto se suma la incertidumbre frente a la redistribución del SGP.
Para la Secretaría, este cambio no solo carece de claridad en su implementación, sino que refuerza las dudas sobre la sostenibilidad del sistema en los territorios, que perderían autonomía mientras asumen mayores cargas operativas y financieras.
