Una fuerte polémica se ha generado en el sector transporte luego de una publicación en la red social X de la excandidata presidencial Paloma Valencia, quien advirtió sobre una presunta intervención del Gobierno nacional en la operación de la cooperativa de transportes Velotax, situación que ha encendido alertas sobre posibles afectaciones a la autonomía empresarial.

En su mensaje, la exsenadora señaló que, a través de la Superintendencia de Transporte, se habría adoptado una medida administrativa que incluiría el reconocimiento de ineficacia de decisiones internas de la cooperativa y la designación de un gerente en el marco de un proceso de “sometimiento a control”.

#ATENCIÓN El Gobierno estaría presuntamente apoderándose del manejo de Velotax, una reconocida empresa de transporte, a pesar que la Corte Constitucional no lo permite. 

Habrían designado un gerente desde la SuperTransporte presuntamente sin permitirle a la empresa que lo… pic.twitter.com/1Tb4btyFiQ

— Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) June 19, 2026

La publicación hace referencia a la Resolución 2004 del 13 de marzo de 2026, emitida por la entidad de vigilancia, en la que se detallan actuaciones administrativas sobre la compañía, amparadas —según el documento— en distintas normas del ordenamiento jurídico colombiano.

Sin embargo, los señalamientos han sido interpretados por sectores políticos como una posible intromisión en la administración de la empresa, lo que, según Valencia, podría ir en contravía de decisiones de la Corte Constitucional relacionadas con la autonomía empresarial.

En su pronunciamiento, la excandidata advirtió que este tipo de medidas podrían sentar un precedente preocupante para el sector transporte y la empresa privada en general, al señalar que “no habría garantías suficientes” para el desarrollo de la actividad económica bajo este tipo de intervenciones.

Por su parte, el caso ha generado preocupación entre actores del sector, que piden claridad sobre el alcance de las decisiones adoptadas por la SuperTransporte y el marco legal bajo el cual se ejecutan.

Hasta el momento, ni el Gobierno nacional ni la Superintendencia de Transporte han emitido un pronunciamiento ampliado sobre los alcances específicos de estas medidas administrativas en el caso de Velotax.