La Contraloría Municipal de Ibagué reveló serias deficiencias en la gestión contractual de la Unidad de Salud de Ibagué (USI), cuando aún estaba en manos de la Alcaldía municipal.

La auditoría se centró en los procesos de mínima cuantía No. 010 y 011 de 2025, los cuales tenían como objeto la compra de muebles, equipos de oficina y mobiliario hospitalario.

Sin embargo, presuntas fallas en planeación identificadas por la Contraloría evidenciaron una estructuración deficiente e injustificada de los procesos.

Según consta en el informe, la USI en poder de la alcaldesa Johana Aranda dividió la adquisición de mobiliario y equipos en dos procesos independientes sin realizar un análisis técnico, económico o de mercado que sustentara dicha decisión.

La falta de una planeación adecuada impidió que los contratos se perfeccionaran y ejecutaran dentro de la vigencia fiscal 2025.

"En este caso, la entidad no demostró desde la fase precontractual la imposibilidad técnica, jurídica o de mercado de adelantar un único proceso contractual, ni realizó el análisis correspondiente que justificara la división del objeto, evidenciándose una ausencia de sustento técnico en la planeación", dijo el ente de control.

El ente de control subrayó que, por el monto y la naturaleza del suministro, debieron tramitarse bajo una convocatoria de "mayor cuantía" (superior a 350 SMLMV), lo que evidencia una deficiente estructuración desde la fase precontractual para eludir los procedimientos legales correspondientes.

una vez se produjo la intervención de la entidad por parte del Gobierno Nacional, se determinó la suspensión de los contratos.

Esta decisión fue sustentada por la administración intervenida, buscando prevenir mayores irregularidades en la ejecución de los recursos.

Todas estas situaciones hoy son objeto de investigación por parte de las autoridades.