En medio de la polémica por la prestación del servicio de aseo en Ibagué, la empresa IGNIKO S.A.S. E.S.P. denunció públicamente lo que calificó como una presunta campaña de desinformación con tintes políticos, tras recientes declaraciones de la concejal Silvia Ortiz sobre supuestas medidas cautelares emitidas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

La compañía aseguró que, hasta el momento, no ha sido notificada de manera formal ni legal sobre dichas medidas. En ese sentido, advirtió que resulta “altamente sospechoso y jurídicamente irregular” que información de un proceso entre privados haya sido divulgada públicamente antes de surtirse los canales oficiales de notificación.

Asimismo, IGNIKO explicó que, en caso de existir una medida cautelar, esta corresponde a una decisión preventiva adoptada con base en los argumentos de la parte demandante —en este caso Interaseo— y respaldada por una póliza, sin que aún se haya escuchado la defensa de la empresa. En ese contexto, precisó que dicha decisión “no constituye un fallo de fondo”, ni implica la suspensión de sus operaciones, ni afecta la validez de los contratos suscritos con los usuarios.

De igual forma, la empresa sostuvo que detrás de esta situación habría intereses políticos. Según indicó, “esta campaña de desinformación, liderada por actores políticos con afinidades hacia el operador dominante y la gerencia de Ibagué Limpia, no es más que una bomba de humo”, cuyo objetivo sería desviar la atención de las fallas en el actual esquema de recolección.

En su pronunciamiento, IGNIKO también hizo referencia a cifras oficiales, señalando que Interaseo habría acumulado 27.577 peticiones, quejas y reclamos durante 2025, lo que —a su juicio— evidencia problemas en la prestación del servicio.

Frente a este panorama, la empresa informó que su equipo jurídico adelanta la preparación de acciones ante la SIC para controvertir las acusaciones de competencia desleal y demostrar la legalidad de su operación. Además, indicó que evalúa acudir a la Procuraduría General de la Nación por lo que considera una indebida intromisión de servidores públicos en un litigio entre operadores privados.

Finalmente, IGNIKO S.A.S. E.S.P. reiteró que continuará operando en la ciudad y defendiendo la libre elección de los usuarios, “no cederemos ante intimidaciones jurídicas ni políticas. Seguiremos en las calles de Ibagué garantizando un servicio digno y el derecho de los ciudadanos a decirle ‘no más’ al monopolio de la basura”.