Así fue la vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría del Tolima en 2022
En el ejercicio del control posterior de manera selectiva e inmediata, para la vigilancia de la gestión fiscal a los sujetos de control y a los particulares y/o entidades que manejen fondos o bienes públicos, la Contraloría ha adelantado innumerables acciones e iniciativas en el año 2022 que permitieron un acercamiento directo con la ciudadanía.
Carolina Giraldo Velásquez asumió el cargo como contralora Departamental del Tolima el pasado 18 de julio del presente año; con más de 20 años de experiencia en diferentes entidades tanto públicas como privadas, entre las cuales se destacan Fenalco, Gobernación de Caldas, Personería Municipal de la Merced, Incoder, Contraloría General de Caldas y Ministerio de Transporte.
Para cerrar el año 2022, la Contraloría realizó un seminario de control fiscal a la gestión pública enfocados en temas neurálgicos identificados a partir del proceso auditor:
Una de sus principales acciones fue el seminario que se desarrolló de manera simultánea en Ibagué, Melgar, Chaparral, Natagaima y Mariquita; contó con la presencia de más de 500 personas entre representantes legales y funcionarios de alcaldías, hospitales, empresas de servicios públicos, personerías y concejos municipales, así como veedurías ciudadanas.
“Hemos descentralizado la Contraloría para brindarles las herramientas y conocimientos necesarios para el óptimo desarrollo de las funciones de los servidores públicos”. Afirmó Carolina Giraldo Velásquez, Contralora Departamental del Tolima.
Por su parte, Ángela Estela Gutiérrez, presidenta de la Comisión Regional de Moralización manifestó que “los temas tratados en el seminario son de gran importancia, ya que cobijan a los funcionarios públicos en el marco de sus funciones; dar a conocer estos temas a los ordenadores del gasto, a los que ejercen el control interno al interior de las entidades públicas es muy importante porque son las instancias y las oficinas rectoras para que se ejerza un debido control al interior de la administración pública. Este espacio permitió que los servidores públicos entiendan que en un momento dado, por faltar al incumpliendo de su deber funcional, se pueden ver expuestos a unas consecuencias que pueden ser de orden fiscal, disciplinario y penal”.
