Pedirán explicaciones a exalcalde de Cajamarca por dudosos honorarios de los concejales
Todo está listo para que el jueves 23 de mayo se impute dentro de un proceso de responsabilidad fiscal al exalcalde de Cajamarca, Julio Roberto Vargas, por lo que serían presuntas irregularidades en los dineros que en el año 2022 su Administración envió al Concejo Municipal.
Los líos del exmandatario se remontan a una auditoría que realizó la Contraloría del Tolima, en la que se encontró un hallazgo con incidencia fiscal en cuantía de $82 millones.
Ecos del Combeima habló con Carolina Giraldo Velásquez, contralora Departamental, quien explicó que la diligencia se debe a que la entonces Alcaldía de Vargas habría cometido el grave error de superar la liquidación legal que regulan las transferencias a las Corporaciones Municipales.
Giraldo Velásquez fue prudente con los detalles del proceso de responsabilidad fiscal, al señalar que: “en atención a la ley, el cual determina que las actuaciones adelantadas durante la indagación preliminar y el proceso de responsabilidad penal son de reserva hasta su culminación, este ente de control se abstendrá de emitir algún pronunciamiento de fondo”.
No obstante, Ecos del Combeima está en capacidad de confirmar que las presuntas irregularidades están relacionadas con el reconocimiento y pago de los honorarios de los concejales en la vigencia 2022.
Según consta en el auto de apertura e imputación en contra del exalcalde de Cajamarca, durante ese año el Municipio le envió, aproximadamente, unos $363 millones al Concejo.
Sin embargo, la tesis de la Contraloría es que el monto que en realidad se debió transferir al Cabildo no debía ser otro que $281 millones. Así pues, estamos hablando de una diferencia de casi $82 millones que se explican por supuestos errores a la hora de establecer el honorario de los concejales.
Ante los serios indicios de un detrimento patrimonial, el exalcalde deberá rendir versión libre y aportar o solicitar las pruebas que considere.
¿Qué responde Vargas?
Ecos del Combeima conversó con Julio Roberto Vargas, quien reconoció que todo se debe a una “confusión” y que esperan aclarar lo sucedido al ente de control.
De acuerdo con el exalcalde, el problema se debe a que durante el 2022 se encontraba vigente una Ley que establecía para los municipios de sexta categoría, un determinado costo por cada sesión de los concejales.
El ‘enredo’ se habría producido cuando esa misma Ley fue posteriormente declarada inexequible, mediante la sentencia G-75 del 4 de marzo de 2022.
“Lo que tengo entendido es que en el ordenamiento nacional se habían admitido unas sentencias donde se aumentaban los honorarios de los concejos municipales, para el trabajo de las sesiones que ellos hacen. Pero luego los declararon inexequibles. Ahí la Secretaría de Hacienda volvió a hacer el ajuste. Entonces hay una responsabilidad de la Corporación Municipal, pero que en el transcurso del proceso, las partes exponen sus pruebas y de ahí se emite todo ese tema”
Y agregó: “Hubo una confusión con algunas sentencias que direccionaba las transferencias de los Municipios a los Concejos. (...) Ahí se presentó esa situación y que, ante la Contraloría, las partes deben aclarar la situación”.
Ante las sospechas de un presunto detrimento patrimonial, la misma contralora del Tolima fue enfática en señalar que se buscará el resarcimiento del daño en caso de que se compruebe el dolo o la culpabilidad.
