Pocos días después de la declaratoria del cese al fuego con las disidencias en tres departamentos, la gobernadora Matiz vehemente solicitó al presidente Gustavo Petro que se incluyera al Tolima en ese decreto.

Durante el Encuentro de Gobernadores y Alcaldes de ciudades Capitales, que se cumple en Pereira, los mandatarios seccionales y locales acogieron, por unanimidad, la propuesta presentada por la mandataria de los tolimenses, Adriana Magali Matiz, sobre cese al fuego, fortalecimiento operaciones de las Fuerzas Militares, inversión y presencia del Estado en todas las regiones y participación en las mesas de diálogo que se adelantan con diferentes organizaciones delictivas como las disidencias y el ELN.

Desde comienzos del mes de marzo, cuando el Gobierno Nacional suspendió el cese al  fuego bilateral con las disidencias en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca, la gobernadora Matiz levantó la mano y con voz vehemente solicitó al propio presidente Gustavo Petro que se incluyera al Tolima en ese decreto para que las Fuerzas Militares pudieran desarrollar mayores operativos, especialmente, en el sur del territorio departamental.

En una carta conjunta enviada al jefe del Estado colombiano, respaldan unánimemente, a la mandataria tolimense quien llegó con esa propuesta a la cumbre de Pereira.  

La propia mandataria leyó el documento acordado. Entre los argumentos los gobernadores y alcaldes de ciudades capitales resaltan que  “Consideramos que hasta ahora la suspensión de operaciones militares ha permitido el fortalecimiento de dichas organizaciones ilegales, la instrumentalización de las comunidades y la ocupación de nuevos espacios para el aumento de economías ilícitas”.

Luego, señalan los mandatarios: “A través de la Federación Nacional de Departamentos queremos tener asiento y participación activa en las mesas de los procesos de paz que está en curso, teniendo en cuenta que las Entidades Territoriales pueden coadyuvar a la construcción de la paz total, entendida ésta como el respeto a la vida, a los bienes privados y públicos; que a la gente no se le extorsione ni amenace, que las Fuerzas Militares y de Policía no ceden un milímetro del control territorial y que el Estado llegue con inversión social”.