Desde el pasado domingo, los habitantes de Palocabildo, Falan, Casabianca y Villahermosa enfrentan una grave problemática debido a la suspensión del servicio de gas domiciliario. Este es el segundo episodio de este tipo que sufren los municipios en lo que va del año, generando serias afectaciones a las familias, comercios y establecimientos educativos de la región.

La interrupción se debe a que Servingas, empresa encargada de prestar el servicio en estas localidades, no ha cumplido con el pago al proveedor del gas, a pesar de que los usuarios aseguran estar al día con sus facturas. Esta situación ha dejado a miles de personas sin acceso a un recurso esencial para cocinar, calentar agua y realizar actividades básicas del hogar.

"Estamos cansados de esta situación. Nosotros pagamos puntualmente el servicio, pero la empresa no cumple con su responsabilidad de garantizar el suministro. Es inaceptable que, por segunda vez en el año, nos veamos obligados a buscar alternativas costosas e incómodas como cocinas eléctricas o fogones a leña", Luis Henry Jaramillo, habitante afectado.

La suspensión afecta especialmente a los sectores más vulnerables, que no tienen recursos para suplir esta necesidad básica. Además, los pequeños comerciantes, como panaderías y restaurantes, reportan pérdidas económicas significativas debido a la falta de gas.

Los afectados exigen una intervención urgente por parte de las autoridades locales y nacionales, así como de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Además, piden explicaciones claras a Servingas y a su propietario, Pedro Supelano, para que se les dé una solución definitiva para evitar que esta crisis se repita.

Por ahora, la incertidumbre y el malestar crecen entre los habitantes de los cuatro municipios, quienes esperan que sus voces sean escuchadas y se tomen medidas contundentes. Que, de no ser escuchados, anunciaron que en los próximos días harán un plantón en el corredor vial San Felipe.

Cabe destacar que no es la primera vez que esta empresa se ve involucrada en este tipo de situaciones, pues en el año 2017 fue sancionada por la Superservicios por más de mil 400 millones de pesos por cobrar, a los usuarios, por obras que se pagaron con subsidios del gobierno en estos mismos cuatro municipios del norte del Tolima.