El Ministerio de Agricultura de Colombia está dando un giro radical en su enfoque sobre la adecuación de tierras y los sistemas de riego, con el objetivo de transformar la forma en que se gestiona el agua y los suelos en la agricultura campesina. Tras las reiteradas alertas de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría sobre la ineficiencia de los proyectos de riego en Ranchería, Triángulo de Tolima y Paicol, que no han logrado un funcionamiento efectivo a pesar de las grandes inversiones, el gobierno plantea una nueva perspectiva.

“Si lo ha hecho ya la Contraloría y la Procuraduría, las inversiones hechas en los tres proyectos estratégicos nacionales de adecuación de tierras, Ranchería, Triángulo de Tolima y Paicol, son inversiones muy cuantiosas y en efecto ninguno de los tres sistemas de riego hoy tiene un funcionamiento efectivo. Esto lo ha advertido la Procuraduría General de la Nación, lo ha advertido la Contraloría de la República y yo creo que lo que uno debe poner sobre la mesa es que la idea de resolver el riego y el drenaje para la agricultura con grandes obras de infraestructura es un modelo que en este país no funciona”, indicó Martha Carvajalino, ministra de Agricultura.

El modelo tradicional de grandes obras de infraestructura de riego y drenaje, utilizado durante décadas, ha mostrado ser insostenible y poco eficiente para la agricultura campesina. En lugar de seguir con este enfoque, el gobierno está apostando por un modelo más flexible y sostenible, que promueva el uso eficiente y equitativo del agua en las fincas, basado en mecanismos intraprediales y un enfoque más cercano a las comunidades.

Adicional, la ministra enfatizó que este enfoque está alineado con el Plan Nacional de Riego y Drenaje para la Agricultura Campesina, que busca democratizar el acceso al agua y asegurar su uso responsable. Sin embargo, el camino no está exento de retos, como las dificultades administrativas que ha sufrido el sector, especialmente tras la eliminación del Consejo Superior de Administración de Adecuación de Tierras en 2018. A pesar de ello, el gobierno asegura que ha logrado avances significativos en el fortalecimiento de los sistemas agroalimentarios.

“El Plan Nacional de Desarrollo en el 2018 eliminó el Consejo Superior de Administración de Adecuación de Tierras y pasó la Inspección, Vigilancia y Control de la Adecuación de Tierras al Ministerio de Agricultura, sin fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio de Agricultura. Hoy en la política agropecuaria nosotros tenemos un reto institucional inmenso y es realmente recuperar y restaurar una institucionalidad que se vino socavando y debilitando en los últimos 30 años y que hoy no puede responder a los temas puntuales en general de la producción agropecuaria”, subrayó Carvajalino Villegas.

Uno de los principales desafíos sigue siendo la conservación de los suelos. El ministro destacó que, si no se ordena adecuadamente la actividad agropecuaria, los suelos que actualmente están siendo explotados se deteriorarán, lo que pondría en peligro la futura producción de alimentos. La apuesta es clara: cuidar los recursos naturales y mejorar la gobernanza del agua y los suelos en la región, a través de un trabajo conjunto con autoridades locales como Cortolima, el ANLA y la Gobernación.

Es por eso que, en un esfuerzo por visibilizar y fortalecer la agricultura campesina, el Gobierno Nacional ha declarado 2025 como el Año de la Agricultura Campesina, Étnica, Familiar y Comunitaria. Esta iniciativa busca canalizar recursos y esfuerzos para mejorar las condiciones de los productores rurales, quienes abastecen el 70% de los alimentos del país. Además, se espera que el fortalecimiento de la institucionalidad en el Ministerio de Agricultura y la colaboración entre diversas entidades gubernamentales permitan garantizar la sostenibilidad de los recursos y el bienestar de las comunidades campesinas.

“Se planea declarar 2025 como el año de la agricultura campesina, con el objetivo de mejorar la producción y el abastecimiento alimentario. Se pide colaboración entre autoridades para garantizar un uso adecuado de los recursos naturales y alcanzar los objetivos de los proyectos de adecuación”, finalizó.