La Procuraduría General de la Nación respaldó los argumentos de los accionantes y le solicitó al Juez Segundo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, Carlos Daniel Cuenca Valenzuela, tutelar los derechos fundamentales al ambiente sano, al agua y al debido proceso. En el concepto emitido, dijo la Procuraduría: “Cortolima emitió el multicitado acto administrativo en contravía del interés público y de lo previsto en la Constitución Política, las Leyes y los reglamentos ambientales”.

La Procuraduría resalta la ausencia de estudios técnicos sobre el impacto de la mina de explotación a cielo abierto, en el agua, el aire y el suelo, y que se desconoce con certeza si el área de desarrollo del proyecto se encuentra o no dentro de la ronda hídrica del río Saldaña. Igualmente, afirma que se desconocen los efectos y riesgos a los que podría verse abocado el rio, así como las posibles soluciones y medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación; y mucho menos los efectos de la posible ocurrencia de desbordamientos, como consecuencia del aumento de caudales del río Saldaña. Para la Procuraduría es fundamental determinar los impactos sobre el ecosistema de bosque seco tropical, que es prioritario para la conservación de la diversidad y exclusividad biológica y por tanto, debe ser objeto de acciones de protección.

La Procuraduría ha emitido un profundo concepto técnico, que le da la razón a la veintena de ciudadanos que interpusieron la acción de tutela. Corresponde ahora al Juez proceder a resolver de fondo, y decidir si acoge las pretensiones de los accionantes, entre ellas las de suspender las actividades de explotación que se desarrollan en la Mina Apone.

La empresa minera, confirió poder de representación al exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura Henry Villarraga, quien se vio involucrado en el escándalo que en su momento se denominara como el “Carrusel” de las pensiones y está acusado, en otro caso, por la Cámara de representantes ante el Senado.

Hasta el momento se desconoce la posición que asumirá frente a la tutela, Cortolima, entidad que en diciembre 2019 otorgó la licencia de explotación. Pasados seis meses no ha hecho seguimiento y control de las obras sobre el cauce del río, por causa del confinamiento.

En junio pasado más de 1.300 personas suscribieron una carta en la que solicitaban la intervención del presidente Iván Duque, resaltando que el río Saldaña representa el 49% de toda el agua del Tolima, y que la mina afectará el distrito de riego de Uso Saldaña, así como el Triángulo del Sur del Tolima, “uno de los distritos de riego más importantes y estratégicos para la producción de alimentos, en momentos en que la seguridad alimentaria cobra relevancia para la generación de empleo productivo en el campo”.