Desde su llegada a la Contraloría, el contralor Carlos Felipe Córdoba se propuso liderar una verdadera cacería de los elefantes blancos que existen en el país, y fue así como impulsó un proyecto para consolidar el inventario completo de este tipo de obras, buscando al mismo tiempo incentivar el control social.

El proyectó arrancó con las tecnologías con las que contaba la Contraloría General en ese momento, registrando de manera manual la información. Pero luego, con el nacimiento de la DIARI, y los procesos tecnológicos que se han desarrollado, se creó un modelo de recolección de datos con todas las gerencias departamentales de la CGR.

Dicho modelo permite no solo organizar de mejor manera todos los datos referentes a los elefantes blancos, obras inconclusas y proyectos críticos que hay en el país, sino también georeferenciar cada una de las infraestructuras y tener vistas de mapas satelitales de las mismas. Toda la información recopilada, ha servido para generar diferentes alertas a las entidades que tienen competencia.

En el camino, se determinó que era necesario ampliar el espectro de búsqueda, pues si bien comenzaron a aparecer elefantes blancos, igual se encontraron obras inconclusas y proyectos críticos, que presentan varias dificultades, reflejadas en múltiples prorrogas, suspensiones y adiciones, y donde, aunque sus plazos no han finalizado, en cualquier momento se pueden convertir en elefantes blancos.

Según el contralor, hay muchos proyectos en el país que llevan bastantes años, en medio del deterioro, la maleza, la soledad y un abandono no sólo físico, también de las instituciones que los debieron desarrollar o hacer seguimiento.

“Son verdaderos mamuts, símbolos del despilfarro de los recursos públicos, la ineficiencia en la ejecución de proyectos y el reflejo de la inoperancia en el funcionamiento del Estado”, indicó.

 Incluso, existen proyectos en los que la información, ya ni existe, que ha sido necesario realizar una reconstrucción documental, acotó.

El doloroso e indignante caso de los Juegos Nacionales en Ibagué

También se ha identificado un doloroso e indignante capitulo que colombianos no olvidan: el desfalco que significó la construcción de los escenarios para los 20° Juegos Deportivos Nacionales y 4° Paranacionales de 2015 en Ibagué, un sonado caso de corrupción, en el que hay implicados desde un exalcalde de Ibagué, contratistas, exfuncionarios públicos, testaferros e importantes personalidades del mundo político. Para el Contralor General, “una verdadera malversación de recursos públicos”.

Aquí se produjo un daño patrimonial por $66.346 millones de pesos, por irregularidades en la contratación de los estudios y diseños y en la ejecución de las obras.

En este caso, la Contraloría, decretó medidas cautelares por más de $112.000 millones de pesos, dentro de 13 procesos de responsabilidad fiscal por las irregularidades presentadas con dichas obras.

Se ejecutó el embargo preventivo de 104 bienes inmuebles ubicados en diferentes ciudades, como Bogotá, Soacha, Ibagué, Cartagena, Sahagún y Valledupar. Y así mismo, se generó el embargo preventivo de saldos bancarios de las cuentas de algunos contratistas, logrando el recaudo en títulos de depósito judicial de más de 20 mil millones de pesos.

Además, en el caso del exalcalde implicado, se encuentra llamado a responder por más de $56.700 millones de pesos, dentro de 7 procesos de responsabilidad fiscal en los que se encuentra vinculado en calidad de presunto responsable. Y se le han embargado 4 bienes inmuebles, 2 en el área rural y 2 en el área urbana.

El Distrito de Riego Triángulo del Tolima, debía beneficiar cerca de 20 mil personas, de las cuales el 88% (más de 17.500) pertenecen a comunidades indígenas.

Tuvo una inversión inicial de $388.350 millones de pesos y de ella solo se ejecutó la primera fase.

A precios de 2011 se estima que en este proyecto se han realizado inversiones por aproximadamente $600.000 millones de pesos y con la proyección de inversión ascendería a un valor total $1,2 billones. “Grandes recursos para un proyecto que luego de 15 años es, sin duda, otro gran mamut”.

162 colegios terminados de 541 que se debían intervenir

Un ejemplo claro de un proyecto en tal situación, que no se ha terminado, ha estado en estado crítico, pero puede salvarse, es del el ambicioso Plan Nacional de Infraestructura Educativa (PNIE), que tenía como fin la implementación de la jornada única estudiantil, planteada en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, y que a pesar de que buscaba superar el déficit de aulas a nivel nacional, ha sido uno de los mayores dolores de cabeza para los estudiantes y territorios del país.

En las obras de infraestructura escolar, se evidencia lo sucedido con el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), cuenta especial del Ministerio de Educación Nacional, que no ha cumplido cabalmente con su tarea.

Se debería intervenir 541 instituciones, pero a junio de este año, solo se ha terminado la obra de 162 colegios, de los cuales ya se han entregado a las comunidades y estudiantes 35.

Es decir que el programa, de acuerdo al número de instituciones intervenidas entregadas, tiene un avance de tan solo el 6%, y en el caso de obras terminadas el avance sería del 30%.

Las obras han sufrido el incumplimiento principalmente de contratistas tan conocidos como Mota – Engil, o Germán Mora Insuasti.

Por estas situaciones, la CGR lleva en marcha un proceso de responsabilidad fiscal por $559.853 millones.

Actualmente, con la estrategia "Compromiso Colombia", de la mano de la ciudadanía, la Contraloría General de la República está ayudando para que se generan acuerdos que permitan sacar adelante las obras que tienen salvación.