La Contraloría Departamental reveló un informe en el que al parecer se habrían perdido cerca de $1.946 millones en bienes muebles del almacén de la Gobernación del Tolima. 

En diálogo con el Contralor Departamental del Tolima, Diego Andrés García, explicó y entregó mayores detalles concernientes a dicho informe llevado a cabo por el órgano de control. 

“Fue una auditoria que fue incluida en el PGA (Plan de Gestión de Autoridad Anual), fue una auditoria especial, de carácter financiero y presupuestal que se inició a principios de este año, más o menos para el mes de febrero, en las cuales se hicieron varias gestiones dentro del interior de la Gobernación en tema financiero y presupuestal”. 

García señaló que los principales hallazgos que se evidenciaron en la investigación, donde hay de tipo fiscal y administrativo, correspondientes a las vigencias 2014 – 2019. 

“Dejamos un total de 14 hallazgos administrativos y dos con incidencia fiscal en lo que tiene que ver con la gestión fiscal del ente de control, en tema fiscal de dejó uno establecido por $1.946 millones en lo que tiene que ver con adquisición de elementos de viene durante unas vigencias pasadas del 2014 hasta 2019”. 

Además, subrayó que en cuanto a la adquisición no hubo ninguna irregularidad, pero se encontró que estos elementos no están en el almacén, o los soportes de salida e ingreso no fueron entregados a tiempo. 

“No hubo ninguna situación anormal con eso, pero en el momento que se hacen los correspondientes arqueos donde se va a evidenciar la inspección ocular de los elementos al interior de la Gobernación, especialmente al interior del almacén se evidencia el ingreso de los mismos, pero no se encuentra específicamente”. 

Según el contralor, se podría inferir que los elementos no cuentan con los soportes que demuestren su salida externa al edificio departamental, “lo que genera que existe la entrega de unos sujetos externos a la Gobernación o al interior no se evidencian o encuentran los soportes correspondientes de esas entregas administrativas que tiene que ver para poder darle salida a los elementos”, aclaró.

Ver: Informe de la Contraloría

Para el ente de control, esto se podría catalogar como un desorden administrativo que abarca parte del gobierno del ex gobernador Luis Carlos Delgado Peñón y su antecesor Óscar Barreto Quiroga. 

“Hasta ahora, se evidencia por parte del ente de control unas situaciones administrativas que lo he denominado como un desorden administrativo al interior de la gestión en lo que tiene que ver con el ingreso y la salida de estos elementos por parte de la dependencia que corresponde al cuidado y custodia de los mismos, así como la gestión de los supervisores y ordenadores del gasto”. 

Sobre que pudo haber ocurrido con dichos elementos, fue que no se cuentan o poseen con los soportes de salida de los mismos, por lo tanto, se estaría incurriendo en una presunción al daño patrimonial, al no demostrarse si los mismos fueron entregados. 

“Lo que manifiestan es que fueron entregados a sujetos externos, al momento de esa manifestación por parte de la Contraloría se solicitan los soportes, documentos que evidencien las salidas y entregas que es lo que generan en este momento la no inspección ocular positiva no se refleja la existencia del mismo, pues genera una presunción al daño al daño patrimonial, no se sabe paralelo a ellos mismo si fueron entregados”. 

Por su parte, afirmó los elementos que no aparecen y corresponden a “equipos audiovisuales, construcción, herramientas, agrícolas, industriales, varios equipos que aparecen como activos o bienes que aparecen internamente adscritos a la dependencia en este caso el almacén, pero al momento de hacer el arqueo no se encuentran físicamente, tampoco se evidencia la entrega a otros sujetos”. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el paso a seguir con esta investigación y lo revelado en el informe es que se vincula a Responsabilidad Fiscal, para determinar que sucedió con estos elementos y especificar la existencia o no de ellos. 

“Acabamos de culminar una fase de control fiscal, bajo la presunción de un posible daño patrimonial, ahora corresponde hacer el traslado a la dirección de responsabilidad fiscal, para que entren investigaciones que procedan en el proceso para poder determinar si existe o no un detrimento al patrimonio por parte de esta situación”. 

Aunque se hace la salvedad, para aclarar si existen o no, se dependerá de los soportes que evidencien su salida y entrega a personal externo al gobierno departamental de aquellas vigencias. 

“La existencia o no existencia depende también de los soportes o documentos que alguna manera se evidencia de que como lo ha manifestado el ente sujeto de control durante la controversia que se estableció los mismos fueron entregados a sujetos externos”. 

En caso de no demostrar la existencia de los mismos, se incurre en un detrimento patrimonial que seria castigado a los involucrados en dicho proceso. 

“Si eso no se evidencia durante el proceso de responsabilidad fiscal, ya no habláramos de presunción de responsabilidad fiscal sino de un detrimento del patrimonio al departamento lo cual tendría que se castigado y fallado sancionando una responsabilidad fiscal a quienes involucren como sujetos procesales en esta etapa del proceso”. 

Los bienes que son motivo de investigación proceden desde el año 2014 parte periodo de Luis Carlos Delgado Peñón (2012-2015) y el segundo mandato de Óscar Barreto (2016-2019). 

“Esto es una auditoria que se hace en el año 2020 con incidencia o gestión fiscal al 2019, efectivamente esto viene en los 2014 elementos que fueron adquiridos así sucesivamente hasta el 31 de diciembre de 2019. Nosotros hacemos una auditoria 2020 con vigencia fiscal 2019”. 

Finalmente, será la Gobernación del Tolima la encargada de velar, garantizar y demostrar la responsabilidad; así como la existencia de estos soportes o bienes que no aparecen en el almacén departamental. 

“Acá tendrá que el Gobierno Departamental tomar las correcciones y medidas necesarias para poder de alguna manera demostrar la responsabilidad fiscal la existencia o el paradero de estos bienes como fueron entregados o en caso de que existan los soportes aportarlos para poder de alguna manera dentro del proceso de responsabilidad fiscal este su derecho defensa o en un debido proceso”.