La Contraloría General de la República abrió indagación preliminar por presuntos sobrecostos del 28% en el contrato por $5.500 millones suscrito entre la Gobernación del Tolima y la firma Sierra Pineda. Al igual existe otro proceso por un aparente sobrecosto en este caso del 31% en la compra de mercados por $5.000 millones a la empresa Enred Group SAS, representada por César Augusto Trilleras.
El contexto:
En un informe revelado por la Contraloría, se indica que en el caso del contrato No. 0494 del 26 de marzo de 2020, por valor de $5.500 millones, celebrado entre la Gobernación del Tolima y la empresa Sierra Pineda, que tiene por objeto el suministro de 55.000 kits alimenticios y de elementos de aseo para la atención humanitaria de la población tolimense, con base a la urgencia manifiesta generada por el Covid-19. El valor del componente de mercado de cada kit, de acuerdo a lo pagado en el contrato, ascendió a $69.798, y el valor del componente de aseo de cada kit a $30.202, para un total de $100.000 por cada kit, que multiplicado por los 55.000 kits adquiridos, arroja el valor total del contrato objeto de cuestionamiento de $5.500.000.000. (Documento).
Pero qué evidenció la entidad al comparar con los precios de referencia de Colombia Compra Eficiente:
“Lo anterior contrasta con la verificación hecha del costo de cada elemento de los kits. Tomando como referencia las cifras de Colombia Compra Eficiente, se tiene un valor total por los kits de $4.309.321.500. Y restándole esta cifra al valor total del contrato ($5.500.000.000), se aprecia una diferencia de $1.190.678.500, lo cual supone un sobrecosto del 28% en el valor del contrato”, indica el informe.
En el caso del contrato con Enred Group SAS la entidad de control abrió indagación preliminar por presuntos sobrecostos del 31% en el contrato de suministro No. 0531 del 01 de abril de 2020, por valor de $5.000 millones celebrado entre la Gobernación del Tolima y el señor César Augusto Trilleras
Castro, como representante legal de Enred Group SAS, cuyo objeto fue “contratar el suministro de 50.000 kits alimenticios y de elementos de aseo para la atención humanitaria de la población tolimense con base a la urgencia manifiesta generada por el Covid-19”.
“Al analizar la información contractual se evidencia ausencia de información sobre la entrega efectiva de los kits, así como de los beneficiarios de los mismos”, afirma la Contraloría.
En primer lugar, el valor del componente denominado kit alimenticio, de acuerdo a lo pagado en el contrato, ascendió a la suma de $77.189,64, y el valor del componente de aseo a $22.557,64, para un total de $99.747,28, que multiplicado por los 50.000 kits adquiridos, arrojó el valor de $4.987.364.000, monto que difiere a la señalada en el contrato objeto de estudio, que fue de $5.000.000.000.
“Al contrastar los costos de cada elemento de los kits, tomando como referencia las cifras de Colombia Compra Eficiente, se tiene un valor total por los kits de $3,802.406.667. Y restándole esta cifra al valor total del contrato ($5.000.000.000), se tiene una diferencia de $1.197.593.333, lo cual supone un sobrecosto del 31% en el valor del contrato”, puntualizó al entidad.
Reacciones:
Econoticias consultó al abogado Luis Felipe Aranzales sobre qué puede pasar con los funcionarios y contratistas en el caso que se llegue a comprobar sobrecostos en los procesos contractuales adelantados por la Gobernación.
“A nivel de Procuraduría los contratistas no tienen ninguna responsabilidad, pero en materia de sobrecostos sí lo tendrán como administradores de los recursos públicos que debían ejecutar, en el caso que se les haya pagado deberán responder fiscalmente, es decir podrán ser investigados y ser sancionados por la misma. Puede que no existan sobrecostos pero el contrato se haya celebrado en contra de disposición legal, aunque la Contraloría no pudiera investigar si la Fiscalía lo haría, lo que sí debe quedar claro es que la sinergia de los organismos de control va a acelerar los procesos. También hay que decir que se convierte en delito en la medida que exista corrupción, por ejemplo en este caso se pueden tomar medidas cautelares que podrían llevar a que se congelen cuentas y se haga embargos a los contratistas y funcionarios”, dijo Aranzales.
Por su parte al consultar al gerente propietario de la empresa Castiagro, Dairo Castilla, compañía que se dedica a la comercialización de este tipo de elementos, manifestó que siempre estuvo a la orden para ofrecer los productos a los precios más competitivos.
“Yo lo único que digo es que es fácil comparar los precios de mercado que manejamos los mayoristas de Ibagué, nos vamos a dar cuenta a cómo vendíamos en marzo, a cómo vendimos en abril y a cómo compró la Gobernación. A mí me pidieron informalmente unas cotizaciones telefónicas, una persona que dice ser de la Gobernación o de la Alcaldía, después me pidieron también otras cotizaciones, que me hubieran llamado, que me hubieran enviado un correo directo de la Gobernación donde me cotizan, nunca me cotizaron. Ese precio me lo habían cotizado, los mismos productos yo se los coticé a $73 mil el mercado; el tema es que no quiero hacer polémica y menos con el gobernador Ricardo Orozco que es una gran persona, lo que sí le digo es que si nos hubieran tenido en cuenta a los mayoristas los mercados hubieran sido más económicos”, dijo Castilla.
