Una grave denuncia realizó el presidente del Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado (SUNET), José Asmed Ospina, contra mandatarios locales, gerentes de empresas de servicios públicos y rectores de instituciones educativas del Tolima porque aparentemente estarían violando los derechos de los empleados. (Conozca el comunicado). 

“Rechazamos la actitud asumida por el alcalde municipal de Rovira, Diego Andrés Guerra Quintero, al no adoptar el protocolo para la prevención del Covid-19 con el cierre de fronteras para controlar la entrada y salida de la población, en los puntos de control tales como: vía Ibagué Boquerón, vía Valle de San Juan, vía el Real y vía la Luisa; donde se encuentran laborando habitualmente por turnos servidores públicos de planta y contratistas, siendo la misma obligatoria al haberse sustituido sus jornadas laborales para las que fueron contratados, además, de no contar con los protocolos generales de bioseguridad: equipos y elementos de protección para realizar dichos trabajos de contacto diario con la comunidad y con ello dar un adecuado manejo a los protocolos de seguridad contra la pandemia, adicional a esto, no hay claridad en el reporte del cambio a la ARL del nivel de riesgo para cada funcionario frente a la posible amenaza de contagio”, indica el comunicado publicado por SUNET.

En Suarez la alcaldesa Lucely Villalba no habría adoptado el protocolo para la prevención del Covid-19 con el cierre de fronteras para controlar la entrada y salida de la población, en los distintos puntos de control. “Los servidores públicos y contratistas se encuentran laborando habitualmente por turnos, son llamados a jornadas “voluntarias” que de esto no tienen nada, ya que son obligatorias y son adicionales a sus horarios normales de trabajo, en algunas ocasiones, salen de su jornada laboral a hacer las dichosas brigadas voluntarias y a la mañana siguiente deben llegar a sus trabajos a la hora habitual sin ningún tipo de reconocimiento o contraprestación, situación que tiene sobrecargados a los funcionarios laboralmente, adicional a esto, no hay claridad en el reporte del cambio a la ARL del nivel de riesgo para cada funcionario frente a la posible amenaza de contagio”, dijo José Asmed Ospina.

En Palocabildo se presentaron despidos de trabajadores:

En esta población el alcalde Nelson Gómez Velásquez despidió a nueve (9) trabajadores oficiales vinculados por contrato a término indefinido y que serán sustituidos por nuevos trabajadores “Esto convierte esta medida en arbitraria y discriminatoria, desconociendo principios constitucionales tales como los artículos de la Constitución política: 38, 39, 55 y convenios de la OIT. Además, de encontrasen inmersos en una protección especial por fuero circunstancial en virtud que en la actualidad se está dando curso a la negociación de la convención colectiva, de conformidad a lo establecido en el Art. 25 del Decreto 2351/65”, mencionó Ospina.

Empresas de servicios públicos también están en el listado:

El sindicato rechazó también la actitud asumida por el gerente de la Empresa de Servicios Públicos Empumelgar, Rodrigo Hernández, quien habría permitido por que un director de la compañía, cometiera presuntamente una persecución sindical y laboral, contra todos los funcionarios que se encuentran vinculados a la organización “Está poniendo en riesgo la salud y hasta la vida de los melgarenses, ya que trasladó al funcionario encargado de potabilizar el agua del acueducto, el cual tiene la experiencia, los conocimientos y las respectivas certificaciones para desempeñar tal tarea, por funcionarios inexpertos y sin las respectivas certificaciones que el cargo requiere”.

“Rechazamos la actitud asumida por la Gerente de la Empresa de Servicios Públicos ESPAG S.A. del municipio Armero Guayabal, Yadira Dussan Cartagena, igualmente por cometer presuntamente una persecución sindical y laboral, contra todos los funcionarios que se encuentran vinculados a la Organización Sindical, violando incluso la convención colectiva, debidamente firmada y depositada ante el Ministerio de Trabajo, ya que igualmente viene trasladando trabajadores sin ninguna justificación, notificación de culminación de contratos a término indefinido y despido de los mismos, reiteramos, violando la estabilidad laboral, de la que gozan estos trabajadores de la empresa, beneficiarios de la convención”, denunció la organización sindical.

Por último las directivas de SUNET denunciaron que varios rectores de Instituciones Educativas del Departamento, incluida Ibagué, vienen presionando al personal administrativo para la entrega de elementos a los estudiantes, sin brindarle a los trabajadores ningún tipo de seguridad, de conformidad lo establecido por la Resolución No. 666 del 20 de abril de 2020, además, de exigir la permanencia presencial de los trabajadores, durante toda la jornada laboral, a pesar, de los lineamientos dados por el Ministerio de Educación y las respectivas Secretarias de Educación de ambos entes territoriales.

“Solicitamos al Ministerio del Trabajo y Procuraduría General de Nación, se adelante las acciones administrativas y disciplinarias en contra de estos servidores públicos, que quebrantan principios constitucionales, mediadas adoptadas por el Ministerio de Salud, el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Presidencia de la República”, puntualizó Ospina.