La Procuraduría General de la Nación pasó de abrir indagación previa a iniciar investigación disciplinaria contra la alcaldesa Municipal de Santa Isabel, Diana Magaly Caro Galindo, quien aparentemente obstruyó el acceso a la información al concejo municipal, afectando el ejercicio del control político.

Al parecer, la mandataria habría omitido dar respuesta oportuna y de fondo a cuatro peticiones presentadas por los concejales declarados en oposición.

De acuerdo con la queja presentada, durante una de las sesiones plenarias la alcaldesa señaló que respondería a las peticiones provenientes de la oposición de acuerdo con la norma que regula el derecho fundamental de petición, desconociendo, según los servidores públicos informantes, el Estatuto de la oposición política que les garantiza el acceso a la información y documentación oficial con mayor celeridad.

El ente disciplinario ordenó la práctica de pruebas con el fin de conocer, entre otros aspectos, el trámite surtido para atender cada una las peticiones, así como los soportes del envío y entrega de las respuestas a los peticionarios.

En el caso de no haber brindado respuesta o haber sido dada de manera parcial, la administración municipal deberá “sustentar las razones de hecho y de derecho que les impidieron hacerlo, allegando los respectivos soportes”.