Pese a que se celebró hace dos semanas el plebiscito por la paz continúa en la agenda política y jurídica del país. La Corte Constitucional aceptó para su estudio unas demandas presentadas por un grupo de congresistas del Centro Democrático y un concejal de Bogotá en contra de la resolución presidencial que convocó a las votaciones el 2 de octubre de 2016 y la pregunta del plebiscito.

En las últimas demandas los senadores presentaron una solicitud para retirar las demandas presentadas antes de los comicios, sin embargo el despacho de la magistrada María Victoria Calle no aceptó la petición y le solicitó a un grupo de entidades, organismos y académicos que presenten sus respectivos conceptos para adelantar el estudio de estas acciones.

La presidenta de la Corte le pidió a la Presidencia de la República, los ministerio del Interior, Hacienda, Justicia y Cancillería, así como la oficina del alto comisionado para la paz y el consejero para el posconflicto, los negociadores de La Habana , el presidente del Congreso, los partidos políticos, ONG, organizaciones sociales y universidades para que presenten sus conceptos.

En las acciones presentadas por los congresistas Paloma Valencia, Alfredo Ramos y Paola Holguín, así como la del concejal Marco Fidel Ramírez, se califica a la pregunta del plebiscito como “inconstitucional” hecho por el cual solicitaron que se modificara y aplazara la fecha de las votaciones.

Para los accionantes, con la resolución presidencial se estaba presionando a los votantes quienes no alcanzaron a leer el acuerdo final firmado entre el Gobierno y las Farc, así como la existencia de una manipulación puesto que en la misma pregunta se hacía referencia a la paz lo cual estaba prohibido por la sentencia de la misma Corte que avaló el plebiscito y los lineamientos del Consejo Nacional Electoral. 

Fuente: El Espectador (leer nota otriginal)