En agosto del año pasado se conoció que el Tribunal Administrativo del Tolima determinó declarar nulo el acuerdo municipal 031 del 28 de diciembre de 2012, en el que el Concejo de Ibagué cambio el uso de suelos del sector de la Palmilla, en el barrio El Salado, para permitir edificar un centro de rehabilitación al menor infractor.

Pese a que se tumbó este acuerdo y se ordenó la demolición de las obras que se habían adelantado, existe un detrimento patrimonial de cerca de 3.000 millones de pesos representado en el dinero que se entregó por parte de la Gobernación y la Alcaldía para la edificación de este centro que daría solución a la precaria situación de los menores infractores en la ciudad.

Debe recordarse que la comunidad del sector siempre se mostró preocupada pues declararon que la construcción del centro afectaría la vocación turística lo que fue apoyado por Cortolima que además indicó que el uso del suelo no permitía de ninguna manera edificar un centro de estas características pues se estaba violando el Pomca. 

El concejal Pedro Mora se refirió al tema e indicó que “son situaciones inhumanas las que vienen enfrentando los menores en el Politécnico Rengifo, el Consejo de Estado ha hecho un compendio de todo el proceso y el fallo señala que hubo negligencia de las entidades para tratar el problema y lo más importante es que deja la posibilidad de que ente territorial continúen las obras

Por su parte el director de Cortolima, Jorge Enrique Cardoso,  indicó que desde el 2012 señalaron que no se podía construir en la Palmilla  y aclaró “mientras no se modifiquen las condiciones del uso del suelo del POT y el Pomca no se puede construir, estamos de acuerdo con que hay que adelantar la actuación para proteger los derechos de los menores pero no podemos pasar por encima de la ley, se debe buscar el predio adecuado y nosotros apoyaremos en todo lo que esté a nuestro alcance”, indicó Cardoso. 

En este sentido el concejal Mora agregó que “el acuerdo fue declarado nulo pero la secretaria jurídica le pidió a Planeación que revisará si el uso del suelo de la Palmilla es compatible y la respuesta incluye la institucionalidad, lo cual da miras a continuar las inversiones en El Salado,  si bien en temas ambientales ha habido muchas posiciones me parece que hay una posibilidad de concertar”. 

Sin embargo Jorge Enrique Cardoso explicó que el decreto 823 no fue concertado con Cortolima e indicó que “se debe tener en cuenta que no nos estamos atravesando como palo en la rueda, nuestra tarea es conservar y preservar los recursos naturales y por eso a través del POT y los Pomcas se determina el uso del suelo, así este notificado por Planeación en este momento se está violando una norma superior. El fallo ordena claramente que la Alcaldía y el ICBF no probaron haber avanzado en la construcción de la Palmilla y dan un plazo para elaborar un cronograma e iniciar las obras pero no ordena saltarse las normas ambientales”. 

Por su parte Óscar Ríos, director territorial del ICBF, dijo que “nosotros hemos hecho los trámites ante la sede nacional y han tomado nota del fallo y en estos momentos estamos en un proceso de articular acciones con la Alcaldía de Ibagué y la Gobernación, sé que tenemos muy poco tiempo para presentar el plan de trabajo pero ya estamos iniciando”.

Además indicó que para el ICBF se entiende que se ordena a las tres entidades la construcción del centro sin importar dónde sea pero en la Palmilla ya las obras van adelantadas y de iniciar de 0 en otro lugar será muy difícil cumplir la entrega en el 2019. 

Adriana Magaly Matiz, secretaria de Inclusión Social, comentó que la Gobernación ha iniciado las acciones pertinentes como la inversión para las reparaciones del Politécnico Rengifo y ante el fallo del Concejo de Estado se realizará una reunión con todas las autoridades pertinentes el día de mañana para determinar cuál será el plan de acción para darle cumplimiento al fallo. 

El director de Cortolima concluyó que los Pomca no son camisas de fuerza por lo cual se puede entrar a concertar entre las autoridades y analizar la situación de manera que los menores infractores sean los beneficiados.