Primero la noticia fue la petición que el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, le hizo al Gobierno de regresar a las fumigaciones aéreas para combatir los cultivos ilícitos. Luego se empezó a especular que el químico que se utilizaría no sería el glifosato (prohibido para este tipo de aspersión desde octubre del 2015), sino el glufosinato de amonio. Ahora la noticia es que esa nueva sustancia podría ser más dañina y tóxica que el mismo glifosato.

Ahí está la paradoja. La suspensión de las aspersiones aéreas con glifosato, que implicó una fuerte puja al interior del Gobierno (los ministerios de Salud, Ambiente y Justicia, y el exfiscal Eduardo Montealegre, apoyando la prohibición; versus la Procuraduría y el Ministerio de Defensa en contra) podría terminar en algo peor: el uso de una sustancia menos conocida y quizás más dañina.

Como es conocido, la suspensión de las aspersiones con glifosato obedece a un fallo de la Corte Constitucional para aplicar el principio de precaución y a un concepto de la Organización Mundial de la Salud, es decir, a un criterio de salud pública y prevención. Ese criterio podría estar al menos igual de cuestionado por el uso del glufosinato.

El profesor de la Universidad Nacional Alejandro Chaparro, ingeniero agrónomo y doctor en genética y mejoramiento de plantas, lo resume así: “De los dos el más seguro, el que tiene menos efectos en la salud humana y el medio ambiente, es el glifosato”.

Chaparro explicó que el glufosinato es un herbicida “no selectivo y de contacto”, que incrementa los niveles de amonio en las plantas y les causa la muerte rápidamente. “Mientras con el glifosato los efectos se demoran un tiempo, el glufosinato funciona a corto plazo: toca la planta y la quema. Su efecto sobre la biodiversidad puede ser mayor. Sobre la salud humana, hay una evidencia muy débil”, dice Chaparro.

En palabras de Lizeth Rodríguez, ingeniera agrónoma del Jardín Botánico de Bogotá, el uso del glufosinato de amonio representa una amenaza para el medio ambiente porque “acaba con la biodiversidad y con la biota en el suelo”.

La propuesta del fiscal general reunió otra vez los dos bandos. Por un lado, los ministerios de Ambiente, Justicia y Salud salieron a rechazar la petición. “La erradicación aérea es fatal”, aseguró el ministro de Salud, Alejandro Gaviria.

Según Gaviria, todavía no existe una petición formal de reanudar las aspersiones aéreas con un nuevo compuesto. “Nadie nos ha sugerido ni siquiera informalmente que comencemos una revisión sistemática de esta sustancia. Lo único que sabemos es que no aparece en los análisis de la Agencia internacional de investigación sobre el cáncer. No ha sido clasificada. Se sabe muy poco de ella”.

Para el ministro Alejandro Gaviria, este nuevo debate sobre la erradicación de cultivos ilícitos debe trascender al tema de la salud. “Lo que se ve en los acuerdos de paz es que se quiere intentar algo diferente: erradicación voluntaria, trabajo con las comunidades, alternativas de desarrollo y una presencia del Estado distinta a unas avionetas tirando veneno desde el cielo”.

En la otra orilla está el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, quien insiste en que  la suspensión de las fumigaciones le quitó una herramienta fundamental a la fuerza pública y provocó que los cultivos de coca se duplicaran, al pasar de 48.189 hectáreas en el 2013 a 96.084 hectáreas en el 2015. El mismo argumento utilizaron el fiscal Martínez para lanzar la propuesta de reanudar esa estrategia y el procurador Alejandro Ordoñez para apoyarlo.

En cambio el profesor Alejandro Chaparro sostiene que, sin importar cuál sea el herbicida que se utilice en las aspersiones aéreas, “hay evidencia de que esta metodología no es útil y en cambio causa efectos negativos en la biodiversidad y en la economía del pancoger de las comunidades”. Sostiene que “la gran cantidad de dinero que se ha destinado a esta práctica” se debería redireccionar a mejorar la calidad de vida de las comunidades que viven de éstos cultivos.

Conocedores del tema coinciden en que estrategias cortoplacistas como la aspersión aérea, ignoran la problemática más profunda que existe detrás de la siembra de coca: comunidades campesinas aisladas, ignoradas, sin tierras, con problemas de titulación, con necesidades básicas insatisfechas.

“No hay incentivos reales para tener una vida legal”, aseguró un exfuncionario cercano al programa de erradicación. Más allá del revuelo que creó el fiscal general con su propuesta, este nuevo debate que se abre en el tema de cultivos ilícitos debería incluir el componente social al que comenzó a apuntarle el plan integral de sustitución de cultivos que apenas comienza a implementarse.

Fuente: Semana (leer nota original)