El Concejo de Ibagué le dio visto bueno a la pregunta de la consulta popular minera, ahora el pulso se dará en el Tribunal Administrativo del Tolima que deberá decidir sí es constitucionalmente legal.

En Colombia hay varios precedentes jurisprudenciales acerca de este tipo de consultas populares, en algunos casos como en el Quindío y Casanare se ha declarado inconstitucional y en otros como en el de Piedras se ha aprobado, por lo cual existe incertidumbre sobre qué pasará con la consulta popular una vez llegué al Tribunal Administrativo. 

La pregunta que se le realizaría a los ibaguereños es : ¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que en el municipio de Ibagué se ejecuten proyectos y actividades mineras que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas o afectación de la vocación agropecuaria y turística del municipio?

Econoticias habló con Pablo Bustos, veedor nacional, quien explicó que “nos complace que un número considerable de sensatos concejales hubieran pensado en ahorrarle 10 mil millones de pesos a la ciudad, el debate es válido pero existen problemas de carácter prioritario como el agua y el desempleo. El proceso entrará a una fase de control de legalidad por parte del Tribunal Administrativo y se dejará de lado el manejo personal, menos político y más jurídico, estaremos prestos a hacerle seguimiento al proceso pues nuestra posición quedó sentada hace mucho”. 

El veedor nacional fue enfático al manifestar que la institución aceptará la decisión que tome el Tribunal Administrativo y que más allá de los rumores que se han levantado en torno al tema, la Red de Veeduría Nacional solo busca proteger el erario de la Alcaldía de Ibagué. 

“El fallo de la Corte Constitución señala que la propiedad del sub suelo es de la Nación, por tanto los municipios no pueden discrepar sobre la forma en que está configurado nuestro Estado Social de Derecho por tanto las consultas populares sobre el uso del sub suelo por ser de todos los colombianos solo puede convocarla el Gobierno Nacional. Uno se pregunta porque Jaramillo no se dedica a mejorar los problemas de hambre, marginalidad, inseguridad, vivienda, salud porque es respetable su posición pero me parece que no está bien asesorado en temas de derecho y esto lo demuestra el hecho de retirar la propuesta de la consulta y volver a presentarla”, indicó Pablo Bustos. 

Sobre las críticas que la opinión pública ha venido publicando a través de redes sociales y medios de comunicación ante la aparente falta de vigilancia que tuvo Pablo Bustos en la administración de Luis H. Rodríguez y una presunta intención de favorecer los intereses de Anglo Gold Ashanti, el funcionario manifestó que “no contesto ese tipo de preguntas, no quiero entrar en ese tipo de detalles y lo dejó a la consideración pública, con bajezas no voy a entrar a discutir porque no he visto que nadie que haya sido llevado ante la justicia por tener una posición diferente”.