Se ha venido cuestionando la elección de Contralor Municipal, - caso atípico, pues el Congreso no reglamentó dicha elección y se debió acudir a un concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado que no obliga, y a una circular de la Esap, El Ministerio del Interior y la Función Pública, que sí obliga por ser acto administrativo demandable,- debido a que no sólo se modificaron en el camino de la selección las condiciones, sino que no se eligió a quien obtuvo el máximo puntaje y finalmente se escogió a un candidato al parecer inhabilitado por haber celebrado contratos con el municipio dentro del año anterior, en su calidad de Director Regional de la Esap, existiendo jurisprudencia que determina que esos funcionarios ejercen autoridad civil y  administrativas en su respectiva jurisdicción. 

Existen tesis en favor y en contra de los argumentos esgrimidos por el distinguido profesional del derecho Dr. Wilson Leal, quien ya anunció demanda de nulidad electoral. Que se caiga o no el Contralor, se sabría en un año máximo, término que la ley 1437 de 2011 determinó para que se tenga una  sentencia definitiva,  pudiendo proceder la suspensión provisional, desde la admisión de la demanda. Sin embargo hay argumentos como que las inhabilidades son expresas, y no admiten ni la interpretación extensiva, ni la analogía y otros que podrían dar la pelea jurídica. 

Lo grave no es sólo que se caiga el Contralor, sino las implicaciones que ello tendría para los 16 concejales que votaron a favor, se dice, - que a sabiendas - de los eventuales errores en el proceso, que de por sí podrían anular la elección, sino de las inhabilidades del candidato.

Se argumenta, sin mucho peso, que lo que se hizo fue corregir en el camino inconsistencias de la anterior mesa directiva del Concejo, lo cual no es muy claro, pues variar las reglas del juego en el desarrollo del concurso o convocatoria, se torna en ilegal si no se justifica jurídicamente la necesidad y que ello no desequilibra el desarrollo del proceso de selección. O afirmarse que no se trata de un concurso de méritos, sino de una convocatoria pública, en cuyo caso no es obligatorio elegir al seleccionado de mayor puntaje, lo cual puede desdibujar totalmente la filosofía y el objetivo propuesto, ya que se admitiría que no se eligió al mejor.

Caído el Contralor, el viacrucis se iniciaría para los concejales, ya que el abogado demandante puede iniciar acciones o cualquier ciudadano solicitando la pérdida de investidura,  además de las implicaciones disciplinarias y penales que se podrán instruir a instancias de alguien, de la propia justicia al compulsar copias o aún de oficio. 

Mientras se logre defender al Contralor, los concejales podrán dormir tranquilos, de lo contrario, vámonos preparando para nuevas elecciones de éste funcionario y de cabildantes.

Y aún les queda otra papa caliente, que les lanzó el alcalde Jaramillo. Lo de permitir una consulta popular a toda luces inconsistente, incongruente, innecesaria y además ilegal, puesto que el art. 37 de la Ley 685 del 2001 fue declarado exequible por la Corte Constitucional y aunque el Código de Minas ya fue modificado, la Sentencia C-123 del 2014 da luces sobre por qué esa consulta no es legal, pues mantuvo la prohibición a las autoridades territoriales de establecer zonas que queden permanente o transitoriamente excluidas de la minería. Esta prohibición legal también impide la posibilidad de regular el ordenamiento minero a través del POT.

Ello aunado a lo estipulado en el Decreto 0934 de 2013, ya que el decreto 2691 de 2014 se encuentra suspendido por el Consejo de Estado y si fracasara su nulidad, se ahondarían más las razones para que los Concejales anden pianito  asesorándose muy bien, no sólo por los funcionarios del alcalde – que obvio deben tener orden de decir que sí se puede-  sino por profesionales conocedores de la materia y elevar consultas a nivel nacional, no sea también queden en la picota pública y los sancionen  por este espinoso tema. Recordemos que la Procuraduría está encima y su posición es radical a la oposición a este tipo de consultas.

Lo cierto es que a nivel del Concejo…todo está para alquilar balcón.