El Ping Pong Político habló con el procurador agrario, Ernesto Cardoso sobre la centralización de los permisos ambientales que el Gobierno Nacional le ha quitado a Cortolima en los últimos días los cuales trasladan la responsabilidad ambiental en temas como  los permisos de los túneles y viaductos del licenciamiento ambiental de la APP de Ibagué- Cajamarca, Cambao-Manizalez y lo más importante le están quitando la oposición de la Corporación Regional Autónoma al proyecto aurífero de La Colosa. 

En este sentido Ernesto Cardoso explicó que “el Gobierno Nacional expidió el decreto  2220 fechado el 20 de noviembre de este año en virtud del cual adiciona el decreto 1076 del 2015 norma que compiló todo lo relacionado con los procedimientos para otorgar licencias ambientales a los proyectos, obras o actividades que se ejecuten en el país con respecto a explotación de recursos naturales, el Ministerio de Ambiente se fundamentó en el artículo 51 de la ley del Plan del Desarrollo, claramente lo que hay es una decisión del Gobierno en la ejecución de la política pública ambiental para viabilizar todos los proyectos estratégicos y de interés nacional entre los cuales está La Colosa, lo que quiere el Gobierno es que todos los licenciamientos ambientales para proyectos de infraestructura e hidroenergéticos que son de alto interés nacional no tengan dificultades en las regionales a nivel de las Corporaciones Ambientales en los permisos y concesiones de agua u ocupación de cause por ejemplo”. 

El procurador ambiental además añadió que Cortolima se ha caracterizado por unos trámites lentos que demoran ostensiblemente los permisos y las autorizaciones ambientales, lo cual abre un espacio para que los ciudadanos sean víctimas de ‘coimas’ para que los procesos se agilicen. 

Competencia local versus nacional 

Ernesto Cardoso explicó que se puede generar una reacción dado que la discusión de la ley 99 y la jurisprudencia de la corte constitucional, dicta que las Corporaciones Ambientales son autónomas sin embargo no se puede desconocer que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es la cabeza del sistema ambiental, pero la discusión se desarrollará sobre la pregunta de por qué el Gobierno Nacional pretende usurpar y lesionar la autonomía de las Corporaciones Regionales en temas que son sumamente sensibles para la población de los territorios y añadió que “la Procuraduría tiene claro en relación con la interpretación jurídica legal del tema de competencias que sin dura es el artículo 288 de la Constitución Política la que define como se debe armonizar las competencias del Gobierno Nacional con los territorios para efectos de POT  y uso del suelo, elementos fundamentales para la política hidroenergética del país”. 

El procurador además afirmó que dado la querella con Luis H. Rodríguez generó un impedimento para ejercer la función con respecto a la política ambiental de la Alcaldía de Ibagué, sin embargo para el próximo año cuando asuma el nuevo alcalde estará presto para actuar frente a las  obras que algunos constructores pretenden adelantar en las faldas de los Cerros Tutelares. 

Cardoso indicó que es un tema delicado dado a las posibles demandas que se le pueden venir al municipio en el momento que los constructores inicien las obras y posteriormente se tengan que suspender.

En cuanto al tema de los escenarios del Parque Deportivo indicó que “al parecer las obras de los escenarios quedaron prácticamente abandonadas y esas inversiones posiblemente no se van a poder continuar por el recurso financiero, genera una riguroso investigación por parte de los organismos de control pero adicionalmente a ello hay un tema muy importante y es la gran irresponsabilidad de la administración municipal, el IMDRI, de TIPSA y de alguna manera la participación de Cortolima cuando otorgó el permiso para la tala de 1.807 árboles que estaban sembrados en el Parque Deportivos con lo cual desapareció un importante pulmón de la ciudad que debió protegerse”. 

Locomotora Minera en el Tolima 

Frente a la posibilidad de una consulta popular minera impulsada por Guillermo Jaramillo como nuevo alcalde de Ibagué, el procurador agrario explicó que “si Jaramillo realmente le solicita al Concejo se apruebe el proyecto de convocatoria de consulta popular para efectos de evitar el proyecto de La Colosa, revivirá la discusión sobre quien tiene la competencia para viabilizar proyectos a gran escala de minería, si el Gobierno Nacional o Gobierno Local, la posición de la Procuraduría se mantiene inmodificable según la cual en este choque de competencias sobre las políticas hidroenergética las partes tendrán que asumir la concertación establecida en el artículo 288 de la carta magna, pero no desconocemos que si el Concejo aprueba la consulta vamos a regresar a la situación de hace dos años en la situación de Piedras en la cual la Procuraduría tuvo una posición de que hay autoridades que tienen expresas facultades constitucionales y legales y eventualmente ese choque de competencias será manejado a través de la concertación entre los organismos y la comunidad asentada en el territorio, dado el caso que no se de la concertación el proyecto no podría darse”. 

Sin embargo el procurador ambiental fue enfático al explicar que “si la consulta da el mismo resultado que el de Piedra se le generará un serio problema al Gobierno Nacional de carácter constitucional y legal con respecto a la ejecución del proyecto porque hay que decirlo con absoluta claridad, el proyecto de La Colosa es estratégico de interés nacional catalogado así por el Congreso, cuando lo incluyeron como proyecto estratégico de interés nacional en la ley orgánica 1573 del 2015”.

Con respecto al hecho de que el Gobierno Nacional quiera convocar un plebiscito para refrendar los acuerdos de paz pero quiera desvirtuar la consulta popular minera, Ernesto Cardoso expresó que “cuando los gobiernos pretenden asumir decisiones de política pública en unos temas a través de determinados mecanismos y para otros que tienen una significativa importancia no los usa, los ciudadanos quedan como menos despistados. Parar la locomotora minera quizás requeriría un referendo, un plebiscito o una modificación a la constitución por la vía del Congreso, las consultas populares tienen mecanismos en la ley claros sobre quien la debe convocar y lo que hoy indica la ley 134 es claro, si el tema territorial es el que interesa al gobernante y su comunidad, la facultad es del alcalde respaldado por el Concejo y la aprobación del mecanismo como constitucional por el Tribunal Administrativo Contencioso, si el proyecto tiene que ver con varios municipios la facultad sube al gobernador del departamento”.