Econoticias dialogó con el concejal Camilo Delgado quien se pronunció frente a las disposiciones del Gobierno Central con respecto a las facultades de Cortolima frente a las consultas mineras ante  lo cual indicó que “la forma como el Gobierno Nacional viene usurpando las competencias no solo de las entidades territoriales como son los municipales sino ahora también a las Corporaciones Autónomas Regionales es inaudita, no entiendo como si desde 1991 el país le apostó a la descentralización territorial y administrativa y les dio poder a estas últimas como máximas autoridades ambientales, ahora pretende bajo el pretexto de proyectos prioritarios para la nacional usurpar estas estas competencias, pareciera que tuvieran afán de manera desmedida por disminuir la competencias ambientales sobre las compañías que pueden causar algún tipo de daño al medio ambiente”. 

Sobre la posibilidad de realizar una consulta minera convocada por el candidato electo Guillermo Jaramillo, el concejal indicó que “los mecanismos de participación ciudadana es uno de los pilares de nuestra carta política por lo cual no pueden entrar a estar por debajo de las decisiones gubernamentales, si se va a acudir a la consulta popular para decidir el futuro de los territorios ninguna ley o decreto no podrá pasar por encima de la soberanía popular. Existen intereses asociados a las compañías mineras de cambiar el uso del suelo en algunos sectores de la ciudad, existen claras intenciones de que en Ibagué quede parte de la actividad industrial que de llevarse a cabo la explotación minera en Cajamarca sería una zona estratégica”. 

Camilo Delgado fue enfático al expresar que pese a las presiones y actos intimidatorios que vengan desde el Gobierno Nacional no se podrá desconocer que una región tome una posición frente al daño ambiental que en virtud del principio de precaución y que sea ratificada por medio de un mecanismo de acción ciudadana, además añadió que “no entiendo porque el Gobierno pretende realizar un plebiscito para refrendar los acuerdos de paz pero quieren desconocer los efectos de las consultas populares, no es posible que los mecanismos de participación ciudadana sirvan para unas cosas y para otras no”. 

El concejal además aseveró que la justicia ambiental se desprende de como  los territorios defienden su medio ambiente por lo cual hizo un llamado a todos los lineamientos y sectores políticos para sentar una voz frente a los decretos amañados que perjudican el futuro equilibrio natural del departamento. 

En ese mismo orden con respecto al proyecto de parcelación para vivienda campestre en los Cerros Tutelares de Ibagué  que algunos constructores han venido adelantando pasando por encima de las normas ambientales, Camilo Delgado afirmó que “ayer visitamos a la vereda la Martinica parte alta encontramos una gran cantidad de nacimientos de agua y al hablar con los campesinos nos expresaron su preocupación por el tema de la captación de agua que se está proyectando para proyectos de parcelación en la parte baja, por lo cual creo que el doctor Guillermo Jaramillo deberá suspender cualquier tipo de decisión mediante acto administrativo que le esté dando vía libre a estos proyectos porque hasta el momento no han justificado las razones por lo cual se están ejecutando en zonas cuya prioridad es la conservación ambiental, vale la pena que desde ya el equipo de empalme recoja la documentación que han emitido desde Planeación y solicite formalmente que estos proyectos queden suspendidos mientras se posiciona el nuevo gobierno y sienta su posición”. 

El concejal además aseguró que existen suspicacias jurídicas porque nadie va a invertir sumas millonarias sabiendo que existen líos con respecto a los procesos de parcelación que se quieren adelantar en estas zonas estratégicas de Ibagué. Además indicó que “hasta ahora se están realizando los estudios del campo volcánico descubierto en esta zona y no sabemos si el día de mañana se pueda presentar un evento que pueda generar la pérdida de vidas humanas”. 

En cuanto a la responsabilidad que puede acarrear la entrega de licencias en contra vía con las normas ambientales por parte de los curadores de la ciudad, el concejal Delgado explicó que “los curadores son particulares que prestan una función pública asociada a las licencias de explotación, parcelación, construcción y tienen que ir de la mano a las normas territoriales y a las determinantes ambientales, si se logra demostrar que existió una responsabilidad en la emisión de licencias de construcción en contravía al POT habrá una responsabilidad administrativa de la Curaduría y el municipio de Ibagué por la omisión en el control y participación en estos procesos, por tanto los damnificados serán los dueños de los terrenos porque se verán frente a la posibilidad de perder su inversión o enfrascarse en un proceso ante lo contencioso administrativo que fácilmente puede durar hasta 8 años para responderse patrimonialmente por los daños”.