En las próximas horas se define el futuro de la urbanización de las laderas de los cerros de Ibagué con proyectos de vivienda campestre en pleno fenómeno del Niño, suspendidas por medio de la circular 0003 desde el 8 de julio por contradicciones en el POT denunciadas por Econoticias.

Misteriosamente el secretario de Planeación, Camilo Clavijo, cambio en menos de una semana su posición de protección y paso a querer favorecer a los constructores frente al tema de vivienda campestre o permanente en las laderas de los Cerros Tutelares, para tal acción pidió asesoría a los curadores 1 y 2 siendo este último quien presentó una solicitud de revocatoria a la circular que freno las licencias parcelación en estas zonas. 

Frente a esta lamentable situación Econoticias consultó con el abogado que instauró la demanda del POT por Cortolima, Camilo Páramo quien expresó que “no entiendo porque un curador pide la revocatoria directa de un acto administrativo si esto no está en sus competencias ni obligaciones y más cuando esta revocatoria no cumple con los mínimos méritos legales. Los actos administrativos gozan de presunción de legalidad y la administración tiene que aplicarlos pues se supone que se ajustan a la ley,  cuando se pide la revocatoria se debe explicar minuciosamente con normas y jurisprudencia cual es la razón de  la solicitud, sin embargo en este tema solo se nombra genéricamente el artículo 27 del código civil”.

Ante la posible respuesta de Camilo Clavijo, el abogado demandante añadió que “si Planeación reconoce que la circular es ilegal tendrían que aceptar que violaron la ley al expedir la circular y expedir un acto administrativo en contra de la ley constituye un delito.  Por otra parte es muy raro que Planeación solicite opinión a los administrados sobre la legalidad de una norma, en este caso al curador 1 y 2 cuando este último es quien está pidiendo que se revoque la circular”. 

El abogado Camilo Páramo además expresó su preocupación por una situación que se podría dar ante el enorme afán en acelerar los procesos y permitir la parcelación con fines de construcción de manera que cuando el Tribunal Administrativo fallé a favor de Cortolima y el POT de Ibagué tenga que ser modificado, ya las obras se hayan iniciado y los constructores puedan demandar al municipio solicitando una indemnización en caso de no poder vender las casas, pues acusarían a la Administración de permitir el inicio de obra y de esta manera no estarían perdiendo de ninguna forma.  

Ante lo cual aseveró que “es evidente que hay un gran susto alrededor de la situación política de Ibagué pues no es claro quién va a ganar la Alcaldía, como las encuestas revelan que no está claro que el candidato de la Administración gané, están preocupados porque la línea urbanística y ambiental cambie y no aprueben las licencias que se requieren para construir, es claro que el municipio aprobó una norma ambiental a sabiendas que era ilegal y se va esbozando que quieren favorecer a unos particulares”. 

Camilo Páramo además aseguró que  lo realmente grave es el tema ambiental, pues si no hay una protección ambiental adecuada no solo se pueden presentar deslizamientos sino convertirse en un atentado contra las fuentes hídricas y agravar el problema del agua en Ibagué. 

Frente al tema del Pomca Coello que Cortolima ha sacado a relucir en su demanda por la violación de las normas ambientales en el POT instaurado por decreto el pasado diciembre, el abogado Camilo Páramo explicó que “la Alcaldía se niega a reconocer cualquier norma que no le permita hacer lo que quiere, es claro que el Pomca tiene un mayor nivel jerárquico que el POT pero no hay una posición jurídica en la Alcaldía porque se están defendiendo ciertos intereses particulares. La normatividad ambiental es una sola y dicta que los Pomca son elementos de ordenamiento territorial superiores en jerarquía al POT y en el problema se presenta porque interfiere lo cual a la Administración le establece limitaciones frente a las construcciones que quieren realizar”. 

Por último Páramo concluyó que “en el tema de la Palmilla fue tan evidente la violación a las leyes ambientales que en la primera audiencia se aceptaron los requerimiento de Cortolima, ellos le apostaban a tener construido el centro antes de que se emitieran los fallos para después generar un problema social, jurídico y político y decir que no tenían donde meter a los muchachos. Es muy preocupante que desde la Alcaldía no se quieran respetar las normas  no por no conocerlas sino por un capricho permanente de incumplirlas entonces uno se pregunta ¿luego cómo le van a exigir a la ciudadanía que si cumpla las demás normas? “.