“Yo luché con todas mis fuerzas por esta tierra. Me enfrenté a Mancuso sin miedo para que la parcela la tuvieran mis hijas. Me esforcé y la recuperé, con ayuda de la restitución. Ahora cultivo y tengo animales. 

Atrás quedó el doloroso pasado; mi presente es la tranquilidad, en mi tierra”. Así vive Rosa Elvira*, una de las tantas mujeres víctimas de los abusos y la presión de Salvatore Mancuso, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). 

“Viví en la vereda El Levante. Allí, la violencia me quitó dos hijos. A pesar de lo que me pasó, me tocó seguir adelante y darle buena vida a los tres que me quedaron. Ahora, no solo ellos se benefician de la tierra; mis 11 nietos, también”. Al igual que la de Rosa Elvira, siete familias campesinas del corregimiento Las Flores, en Tierralta (Córdoba), recuperaron sus derechos sobre 600 hectáreas que Salvatore Mancuso les arrebató y que, años después, figuraron a nombre de la sociedad Inversiones Y & R SAS, encabezada por Martha Dereix, la exesposa del líder paramilitar. Dereix se presentó como opositora a la restitución. 

“Este es un resultado satisfactorio y celebramos la decisión de los magistrados. Insistimos en que estos casos no van a quedar en la impunidad y que las tierras arrebatadas por los violentos van a ser devueltas a sus justos y legítimos propietarios”, aseguró el director de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal Urrego. 

Los campesinos víctimas de Mancuso, que vivieron en Las Flores, abandonaron sus parcelas por presión de las autodefensas. Entre los años 1997 y 2003, fueron realizados homicidios selectivos, desapariciones forzadas y violencia sexual contra las mujeres. 

Además, los paramilitares tomaron el control de la zona, ubicada estratégicamente entre los corregimientos Santa Fe de Ralito y Palmira, y por la que se movilizaron sin restricciones.

 Tierralta fue escenario de dos masacres que marcaron el accionar de Mancuso en Córdoba. La primera sucedió en diciembre de 1994; 7 personas fueron asesinadas, en el Cañón de Mulatos. La segunda, perpetrada en septiembre del año 2000, dejó como resultado 25 indígenas Embera – Katío muertos.

 Sin buena fe Los magistrados de restitución decidieron no conceder la buena fe exenta de culpa, a quienes se presentaron como opositores del proceso. Ellos aseguraron que los predios fueron adquiridos haciendo caso omiso de la situación de conflicto que vivían las familias, en el corregimiento. 

Según Sabogal Urrego, “cada vez que un juez niega la buena fe, exenta de culpa, es porque hay un acervo probatorio abundante que demuestra que, quien tiene la tierra, no la obtuvo de buena manera. La claridad de la justicia restitutiva en este tema es vital; hay tranquilidad porque existieron todos los elementos de prueba en el proceso y fueron valorados como se debe. 

Esto demostró que no fueron cumplidos los requisitos, para declarar la buena fe”. En la sentencia los magistrados ordenaron, además de la formalización y restitución de tierras a las familias, el alivio de pasivos por impuestos y servicios públicos, generados por el predio, durante el tiempo de despojo. 

También, los campesinos podrán disfrutar de proyectos productivos, para explotación de la tierra; asesoría técnica; y subsidio de vivienda, entre otros beneficios. Pendiente de la llegada, Rosa ya está lista para recibir a sus nuevos vecinos y apoyarlos en lo que necesiten. “Acá seguiremos. Las ganas de salir adelante y de no volver a salir de nuestra tierra, nos ha llevado a trabajar más duro y a defender lo que perdimos. El Estado regresó a estos lados y nos dio confianza; el miedo ya no existe”. 

En Córdoba, los jueces de restitución han emitido 119 sentencias, con las que han sido entregados 758 predios a 756 familias del departamento, integradas por más de 4500 personas. Estos grupos han sido apoyados por la Unidad de Restitución de Tierras, con proyectos productivos por valor de $13.700 millones.