Desde hace algunas horas se generó una polémica entre los defensores del medio ambiente en el Tolima y esto se debió a un derecho de petición presentado por el abogado Wilson Vallejo ante la Alcaldía de Cajamarca, el Concejo Municipal y Cortolima, con el que se quiere dejar sin efectos el acuerdo que busca prohibir la minería en la población.

Esta redacción conoció que la solicitud fue amparada con una sentencia de la Corte Constitucional que advierte que tratándose de temas de recursos renovables y no renovables no es competencia de las consultas populares municipales, sino que se debe realizar una consulta a nivel nacional.

En diálogo con Econoticias, estuvo el abogado Wilson Vallejo y el líder ambiental Renzo García quienes sostuvieron una discusión frente a lo que se busca con este derecho de petición, advirtiendo el profesional del derecho que “solicitamos al alcalde, Concejo, y Cortolima que declare la pérdida de ejecutoria del acuerdo mediante el cual el Concejo de Cajamarca acogió el resultado de la consulta popular minera en el que se prohíbe el desarrollo de cualquier actividad minera en el municipio”.

Según Vallejo, “el argumento que tuvimos para solicitar mediante derecho de petición que se declare la pérdida de ejecutoria con la Sentencia SU 589 del 2018 emitida en octubre, sentencia de unificación de la Corte Suprema que hace un estudio y análisis de las consultas populares en el país”.

Sin embargo, García corrigió al abogado, advirtiendo que “que no tiene claro el nombre y número de la sentencia, es la SU 095 del 11 de octubre del 2018, veo claramente que este abogado le está haciendo el mandado a AngloGold Ashanti, no solo para tratar de afectar el medio ambiente sino tratando de robarse la democracia de los tolimenses y los cajamarcunos”.

De igual forma, el líder ambiental reprochó que “esa ley se tiene que volver retroactiva, porque en el momento en el que se hizo la consulta popular había unas leyes claras, que decían que las consultas son constitucionales y legales, sentencia que fue demandada por el gremio minero y petrolero que después llevo a la Corte Constitucional emitir el auto donde ratificó esa sentencia”.

Por su parte Wilson aclaró no ser una persona “que le hace mandados a nadie, no tengo contratación con empresas que ha nombrado, solo un abogad que me he dedicado a estudiar desde el momento que se presentó el tema de las consultas mineras, nos estamos abrogando facultades que no nos da ni la ley ni la constitución”.

Aprovechó para recordar que “cuando se planteó la consulta popular minera hablaron del artículo 33 de la Ley 136 cono facultad que tenían los concejos municipales de reglamentar el uso de suelo, una cosa es eso, otra el subsuelo, términos que hay que saber entender y estudiar, agregando que “no vamos acabar con el agua, atacar el sistema democrático o que vamos a coartar los mecanismos de participación ciudadana, me parece un irrespeto de Renzo mantener esos argumentos”.

En cuanto a las apreciaciones obtenidas por este derecho de petición, Renzo señaló que “esa es la pretensión de este abogado que no se quién lo está financiando para tal fin, lo invito a defender los bienes comunes naturales, pero quiero hacerle precisiones, en el momento que se hace la consulta estaba vigente el artículo que facultaba a los municipios para hace consultas populares frente a la modificación de los usos del suelo”.

Finalmente, el abogado aprovechó para señalar que “este es un debate académico y jurídico que queremos darlo con altura, quiero recordarles cuando el acuerdo Ed Cajamarca dijo que no se puede desarrollar ninguna actividad minera le pedimos al alcalde decir qué tipo de actividad minera era, otra cosa es que tengamos que proteger el medio ambiente pero hacer verdaderas política y vemos que son muy escasas y más en aquellos que hoy se abrogan el liderazgo de la protección medio ambiental cuando ni se han preocupado por nuestras cuencas hidrográficas”.