En un informe entregado por la Contraloría General de la República, se evidenció un presunto detrimento patrimonial por $718 millones en el contrato interadministrativo 637 de 2016 suscrito entre la Secretaría de Salud departamental y el Hospital San Juan Bautista de Chaparral que tenía por objeto apoyar actividades de promoción, prevención y control de dengue, chikunguya y zika en 11 municipios del Tolima.

Según la CGR las presuntas irregularidades se evidenciaron cuando el hospital subcontrató dichas actividades con la IPS Fundasalud, empresa que a su vez también hizo otra subcontratación, entidades las cuales cobraron y se les pagó de forma indebida por gastos operativos en el manejo de los contratos sin que los mismos se ejecutaran directamente.

El contrato inicial que suscribiera la Secretaría de Salud departamental y el centro hospitalario de Chaparral tenía un valor total de $1.000 millones, de los cuales $930 millones fueron transferidos por el hospital a Fundasalud IPS con quien subcontrató, y el cual debía adelantar actividades en los municipios de Coyaima, Carmen de Apicalá, Líbano, Honda, Mariquita, Purificación, Prado, Saldaña, Rovira, Alvarado y San Antonio.

Pagos indebidos

De acuerdo a las presuntas irregularidades encontradas por la Contraloría General durante la auditoría realizada por la Gerencia Departamental de la CGR en el Tolima, se verificó que la gerente para la época de los hechos, Ángela Maritza López, no ejecutó las actividades contratadas con el departamento, sino que subcontrató las mismas con Fundasalud IPS, la cual es propiedad de Marco Antonio Ramírez, quien tiene en su contra investigaciones por tráfico de medicamentos vencidos.

Según la Contraloría, la exgerente del centro hospitalario transfirió los recursos de la cuenta exclusiva del convenio a una cuenta no controlada, además, no se determinaron los objetos del contrato con las especificaciones técnicas mínimas de los bienes y servicios requeridos para llevar a cabo las actividades contratadas.

En algunos de los hallazgos, se evidenció que habían facturas de transporte presuntamente alteradas para legalizar el pago de servicios no prestados por valor de $140 millones, por lo que cada una de las facturas y pagos presentados por la fundación.

Luego de revisar toda la información recopilada por el equipo auditor se evidenció que el Hospital San Juan Bautista de Chaparral pagó indebidamente a la IPS, a través de contrato 246 de 2016 $718.6 millones, correspondiente al 77,26% del valor total de lo contratado ($930 millones).

Del monto total, $144,8 millones se determinaron como hallazgo fiscal en la auditoria de la CGR en 2017, y $573,8 millones se encontraron al resolver el derecho de petición hecha por una denuncia ciudadana, siendo la mayor parte de esta última suma $517,7 millones, correspondiente a actividades cobradas, pagada y cuya ejecución no está evidenciada.

Otros %60 millones corresponden a lo que Fundasalud le cobró al hospital de Chaparral y el cual le pagó indebidamente, por concepto de gastos operativos por el manejo del contrato, cuando esa IPS no las realizó directamente, sino que las subcontrató.

Actividades sin ejecutar y que fueron pagadas

La CGR advirtió que Fundasalud subcontrató también con personas naturales y jurídicas entre las cuales se encuentra la Fundación Renacer al Tolima, a quien le pagó el 35% del valor del contrato, para desarrollar las actividades de salud pública contenidas en el objeto contractual entre ellas capacitación, recolección de inservibles, transporte de personal, suministros de elementos, apoyo logístico, promoción, perifoneo y divulgación, actividades que se cobraron sin evidenciar su ejecución.

De igual forma se encontró actividades como recolección de inservibles que se cobraron, pero fueron realizadas por la comunidad, estudiantes, Policía y empresas de servicios públicos de los municipios, así como también el alquiler de sillas, video beam y computadores, que fueron suministrados por los colegios y entidades donde se realizaron los eventos.

Es así como se estableció que también se le pagó a la Fundación Renacer al Tolima por servicios de capacitación y transporte, pero no hubo presencia de personal en los lugares donde se debía llevar a cabo las mismas, es decir, se cobró y se recibió pago por servicios que jamás se prestaron.

Con eso concluye la Contraloría General que se demostró el uso antieconómico, ineficaz e ineficiente de los recursos de salud pública provenientes del Sistema General de Participaciones.